ALIANA NIEVES QUESADA

Posee uno de los idiomas más cercanos al latín que llega hasta nuestros días, sus viñas son de las más provechosas de la región. Moldavia es considerado hoy, sin embargo, el país más pobre de Europa. Desde la desintegración de la Unión Soviética, en 1991, y la consiguiente proclamación de su independencia, la nación ha intentado sin mucho éxito alcanzar madurez política y económica. Su ubicación, justo al límite entre el Este y el Oeste del continente, otorga al Gobierno de Chisinau, capital del país, un peso estratégico en la zona, lo cual ha sido la causa principal de sus conflictos.

Y es que dentro de las fronteras moldavas pugnan por prevalecer dos concepciones muy distintas de afrontar el presente y trazar el futuro: la rumana y la rusa. La nación se encuentra polarizada entre la población de origen rumano, que manifiesta abiertamente su intención de adherirse a este país, y los habitantes con inclinación rusa, que valoran la fidelidad hacia Moscú como el camino más seguro a la prosperidad.

Pero si en esta región del mundo existen dos países profundamente opuestos, ellos son precisamente Rumanía y Rusia. El primero pertenece a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y planea ingresar en la Unión Europea (UE), lo cual le convierte en un fuerte aliado de Estados Unidos, a escasos pasos del Kremlin. Rusia, a su vez, observa con recelo la posición rumana y está resuelta a conservar su influencia sobre ese territorio.

Todo este entramado se refleja sobre Moldavia y repercute en su situación política y económica. Por si fuera poco, su potencial fusión con Bucarest motivó en 1991 a varios distritos de la orilla izquierda del río Dniéster, cuya población es mayormente rusa, a proclamar de forma unilateral la República Moldava de Transnistria, con capital en la ciudad de Tiraspol. Allí se concentraba el principal aparato industrial del país, y su pérdida, unida a la decisión de Rusia de suspender las importaciones del vino moldavo, provocó un abismal deterioro en las finanzas de la nación.

Es Transnistria, pues, la asignatura pendiente de Chisinau, un problema para el cual no se vislumbra solución inmediata y que complejiza aún más el panorama político de la región. Moldavia no se resigna a perder su zona más productiva, pero Tiraspol solidifica constantemente su autonomía, incluso tiene ya su propia moneda, un Parlamento escogido cada cuatro años, un jefe de Estado y una frontera bien delimitada y protegida.

El respaldo de Rusia a las autoridades del lado izquierdo del Dniéster ha distanciado en los últimos años a Chisinau de Moscú. Desde el comienzo del siglo XXI la mayoría de las fuerzas políticas con preferencias pro-rusas han girado hacia una orientación pro-occidental basada en la cooperación con la UE. No obstante, esta vía tampoco parece contribuir a mejorar la situación actual. Después de más de cinco años sin contactos, en el 2011 se retomó la denominada fórmula 5+2, con Rusia, Ucrania y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) como mediadores, Estados Unidos y la UE como observadores, y Transnistria y Moldavia como partes en conflicto.

Chisinau exige el reconocimiento de la integridad territorial de su país, la sustitución de las fuerzas militares rusas presentes en Tiraspol por una misión civil internacional y un estatus político especial para Transnistria dentro de la República.

Al mismo tiempo, Moldavia lleva dos años y medio sin Presidente debido a que ninguno de los candidatos ha logrado alcanzar los 61 votos necesarios para ocupar la jefatura de Estado. El pasado 16 de diciembre, el presidente del Parlamento, Marian Lupu, se quedó a tres votos de la mayoría necesaria. Posteriormente, Lupu, que como presidente del Parlamento había ejercido la jefatura de Estado en funciones, anunció a finales de diciembre su retirada de la elección para abrir nuevas vías de negociación entre las partes.

Este domingo, la coalición de derecha gobernante anunció la preparación, para antes de abril próximo, de un referendo sobre la elección del Presidente, durante el cual los ciudadanos podrán proponer sus correcciones al proyecto de ley sobre la votación directa del mandatario, que en la actualidad se realiza mediante sufragio interno en el legislativo. La situación es complicada, pues la más fuerte candidata es la autodenominada alianza "Por el ingreso a la Unión Europea", pero los parlamentarios comunistas reclaman la ruptura de esta coalición y la candidatura de alguien ajeno a cualquier partido político.