Los abogados querellantes que actuaron en el juicio contra Luis Posada Carriles activarán ante el gobierno panameño la solicitud de extradición del terrorista y sus cómplices, dijo este sábado Javier Viques.

En declaraciones a Prensa Latina, el querellante por la Unión de Lucha Integral del Pueblo (ULIP) dijo que estaban esperando los resultados de los tribunales para dar el paso.

El Segundo Tribunal confirmó la sentencia del Juzgado Quinto Penal contra los terroristas Luis Posada Carriles, Gaspar Jiménez, Guillermo Novo, Pedro Remón, César Matamoros, y el panameño José Hurtado por delitos contra la seguridad colectiva.

Todos participaron en un frustrado atentado en el año 2000 para asesinar con explosivos C-4 al líder cubano Fidel Castro en el Paraninfo de la Universidad de Panamá, lo que habría provocado un holocausto.

Viques dijo que, aunque retardada, la decisión ha llegado, se ha confirmado la sentencia y ahora corresponde darle trámite a la solicitud de extradición que reposa en el Juzgado Quinto del Circuito Judicial de Panamá donde radica el expediente.

Esperamos, añadió, que el Gobierno Nacional a solicitud de partes le de curso al trámite correspondiente en razón de que los acusados han sido condenados. Esperamos que inmediatamente se pidan precisiones y que no se presente ningún recurso de casación por parte de la defensa.

Si esto último sucediera, dijo, puede demorarse un poco la situación, porque podría revisarse de nuevo el caso.

Hay que volver a bajar al juzgado de circuito donde está la solicitud de extradición en espera, y darle el curso debido al cuadernillo de extradición, mandar a hacer los cuadernillos de traducción, y destacar las piezas principales.

Una vez cumplidos esos trámites tocaría entonces al órgano judicial solicitarle a la Cancillería que proceda con el trámite y la comunicación a Estados Unidos para que extradite a esos señores, explicó el jurista.

Viques dijo que se inicia a partir de ahora una nueva batalla que estaba un poquito postergada, para traer a estos delincuentes a fin de que cumplan las sanciones impuestas por la justicia panameña.

Creemos, señaló, que el gobierno panameño debe ser consecuente con esa posición de la justicia y de los querellantes porque es un fallo, una sentencia, de un tribunal panameño y se debe cumplir.

En el caso de que Estados Unidos se niegue a darlos en extradición, indicó, entonces deben detenerlos en ese país y hacer que cumplan la pena dictada en Panamá en sus cárceles.