Unas 50 personas fueron acusadas por autoridades de Estados Unidos de conspiración para cometer fraude por la venta de documentos de puertorriqueños a inmigrantes ilegales en 15 estados norteamericanos.

La fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, anunció que 13 de los implicados tenían residencia en el municipio puertorriqueño de Caguas.

Rodríguez ofreció desde Washington una conferencia telefónica junto al fiscal general adjunto Lanny A. Breuer, de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos; y el director de Inmigración y Aduanas (ICE), John Morton, entre otros altos cargos estadounidenses.

Los arrestados fueron acusados de conspirar para vender identidades de personas nacidas en Puerto Rico a extranjeros radicados ilegalmente en la nación norteña.

Los puertorriqueños son ciudadanos de Estados Unidos desde 1917, cuando se les impuso mediante la Ley Jones para ser reclutados para la Primera Guerra Mundial.

Los proveedores de identidad presuntamente vendieron tarjetas de seguro social y los correspondientes certificados de nacimiento de puertorriqueños por precios que fluctuaron entre 700 y dos mil 500 dólares.

De este modo, los extranjeros ilegales pudieron, incluso, hasta obtener pasaportes de Estados Unidos, por lo que en la operación también intervino el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, según indicó en la conferencia de prensa su director, Scott P. Bultrowicz.

Un gran jurado federal emitió las acusaciones el pasado 29 de diciembre, pero no se conocieron hasta hoy, cuando se realizaron los arrestos en Puerto Rico y varias ciudades de 15 estados norteamericanos.

La acusación formal revelada hoy alega que los acusados operaron un extenso mercado de identidad fraudulenta desde abril de 2009 a diciembre de 2011, manifestó Breuer.

El fiscal general adjunto aseguró que el negocio ilícito de venta de documentos emitidos por el Gobierno de Puerto Rico, desde certificados de nacimiento hasta tarjetas electorales, incluyó la participación de personas en la isla y en Estados Unidos, muchas de ellas de origen dominicano.

Morton indicó, por su parte, que los arrestos reflejan que el ICE será implacable para desmantelar las redes nacionales de contrabando de documentos y de identidades, ya que la conspiración llevada a efecto por los implicados socava la integridad de nuestro sistema de inmigración nacional.

La actividad fraudulenta se logró destapar mediante la utilización de agentes encubiertos que detectaron irregularidades en el recogido de documentos en oficinas de correos de Estados Unidos.