La preocupación sobre el abuso de armas de fuego, municiones,
explosivos y otros materiales relacionados llevó a los diputados
dominicanos a aprobar en primera lectura un proyecto para su control
y regulación.
La legislación presentada por el diputado Víctor Bisonó, tiene
por objetivo combatir el tráfico ilícito de armas de fuego con el
fin de reducir los niveles de violencia e inseguridad ciudadana.
El proyecto recibirá aún una segunda lectura antes de la votación
definitiva, aunque tiene el aval de la Comisión parlamentaria de
Interior y Policía que debe darle su aprobación final.
La iniciativa establece tres clasificaciones generales: armas de
fuego prohibidas, restringidas y de uso civil.
Entre las armas prohibidas, proscritas por el Estado dominicano,
se incluyen las armas de destrucción masiva, atómicas, químicas y
biológicas, que en realidad no ofrecen peligro porque no existen
aquí.
Aquellas armas restringidas son las de uso exclusivo de la
Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que disparan ráfagas y pueden
lanzar granadas. En ocasiones se han ocupado estas armas en posesión
de narcotraficantes y el crimen organizado.
Entonces está el comercio interno de armas para uso civil que es
la clase que más interviene en la delincuencia callejera, los
sicarios e incluso en la violencia cotidiana, los que la empuñan
para saldar una deuda de juego o imponerse en una discusión.
De acuerdo con Prensa Latina, el proyecto de ley busca hacer más
estricto el otorgamiento de licencias de posesión de armas y
municiones, y prohibir su porte y tenencia a las personas que hayan
sido condenadas por delitos de narcotráfico y lavado de activos para
que no se dediquen al comercio de armas de fuego.
Según la comisión parlamentaria de Interior y Policía, este
proyecto busca prevenir y reducir la violencia con armas de fuego.
Se tipifican los delitos y se endurecen drásticamente las penas por
uso, porte, tenencia y comercialización de armas ilegales.
El diputado Elpidio Báez dijo estar seguro que, a través de una
normativa, se podrá ayudar a desincentivar el uso de las armas en
hechos reñidos con la ley y que siempre incrementan los índices de
violencia y percepción de inseguridad ciudadana.