Miles de personas rechazaron hoy en Yemen la aprobación de un proyecto de ley que otorga inmunidad judicial a Alí Abdulah Saleh, mientras círculos afines al presidente desestimaron advertencias foráneas de quebrantamiento del derecho internacional, dio a conocer Prensa Latina.

Círculos juveniles y políticos opuestos al aún mandatario exigieron se le juzque por la muerte de cientos de manifestantes civiles y otros delitos, presuntamente cometidos durante el último año, cuando se desató en el país una ola de revueltas populares para exigir su renuncia.

El gabinete interino designado al amparo del vicepresidente yemenita, Rabbo Abdo Mansour Hadi, adoptó este domingo un borrador de ley de amnistía que beneficiaría a Saleh y sus ayudantes en todas las dependencias civiles y militares del gobierno.

La propia normativa, que aún deberá ser ratificada por el Parlamento, establece que la decisión de conceder inmunidad al jefe de Estado y su círculo más allegado es legalmente vinculante en Yemen, y no puede ser revocada o alterada.

Grupos de jóvenes y otros opositores que desde el 27 de enero de 2011 salieron a la calle a reclamar la dimisión de Saleh calificaron de burla la medida que acordó el presidente con un sector de la oposición política, en virtud de una iniciativa diplomática regional.

Las monarquías árabes del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) Pérsico propusieron un plan avalado por Estados Unidos y la Unión Europea para que el presidente pusiera fin a 33 años de poder y ayudara a frenar la violencia, a cambio de gozar de prebendas judiciales.

El pacto firmado en Riad el 23 de noviembre estipuló la formación de un gobierno de unidad provisional, y que el polémico político retuviera su actual cargo de manera formal hasta la realización de elecciones generales, previstas para el 21 de febrero.

Activistas y familiares de víctimas llamaron a repudiar la represión de fuerzas leales a Saleh en los últimos 11 meses, y recordaron que la Guardia Revolucionaria, comandada por un hijo del jefe de Estado, está detrás de la mayoría de ataques a las protestas antigubernamentales.

Por otro lado, integrantes del Ejecutivo que lidera el primer ministro interino Mohamed Basindwe, rechazaron declaraciones de la jefa del órgano rector de los derechos humanos de la ONU, Navi Pillay, que amenazó con procesar a cualquier autor de abusos durante las revueltas.