El Ministerio Público de Egipto solicitó hoy la pena de muerte por ahorcamiento para el expresidente Hosni Mubarak y su exministro del Interior Habib El-Adli, acusados de ordenar la muerte de manifestantes hace casi un año.

Tras un dilatado y complicado proceso que inició en agosto de 2011, la Fiscalía implicó en la petición a seis oficiales de alto rango de las Fuerzas Centrales de Seguridad, ayudantes de El-Adli, reportó Prensa Latina.

Mubarak, sus hijos Alaa y Gamal, y los ya mencionados enfrentaron cargos por la matanza de unos 850 activistas que protagonizaron las revueltas populares causantes de la renuncia del exmandatario el 11 de febrero pasado, cuando cedió el poder a una Junta Militar.

Al concluir el tercero y último día reservado a la presentación de alegatos fiscales y de la defensa del octogenario rais, el fiscal principal del juicio, Mustafa Suleiman, lo acusó de imponer un régimen tiránico y corrupto. Suleiman recordó que la administración de Mubarak rompió récord de latrocinio durante las elecciones legislativas de noviembre y diciembre de 2010, concluidas con una desmedida victoria del otrora gobernante Partido Nacional Democrático.

Igualmente, apuntó que la Constitución y las leyes egipcias hacen a Mubarak responsable, en tanto presidente durante las protestas callejeras, porque tenía los mayores poderes y recibía informes, de ahí que consideró imposible que desconociera los asesinatos.

En ese sentido, la Fiscalía remarcó en el juicio celebrado en la Academia de Policías de El Cairo la responsabilidad del entonces presidente y de El-Adli en las muertes ocurridas de forma violenta tras el estallido de las revueltas del 25 de enero anterior.

Como parte de la misma causa, Mubarak, Alaa y Gamal, este último visto como su heredero político, enfrentan cargos por presunta corrupción junto a un empresario amigo de la familia, declarado prófugo.