La reserva de biosfera Río
San Juan de Nicaragua quedará partida en dos por la construcción de
una carretera costarricense, en perjuicio de ambos países, alertó
Prensa Latina.
Costa Rica edifica una pared que partirá en dos el hábitat de
animales y plantas de esa zona fronteriza, asegura Bayardo Quintero,
exdirector de Áreas Protegidas del Ministerio del Ambiente y los
Recursos Naturales (Marena).
En términos prácticos, una carretera es una barrera artificial al
flujo natural de genes entre una región y otra, porque los animales
no reconocen fronteras políticas, afirmó Quintero, en declaraciones
al diario La Prensa.
Una pista corta como con tijera la conexión de la biodiversidad,
porque necesita al menos 50 metros de ancho, incluido su derecho de
vía, y en este caso se trata de un vial de aproximadamente 160
kilómetros de longitud que corre en paralelo al río, refirió el
experto.
Significa una fuente de afectaciones y estímulos negativos hacia
los ecosistemas: trae más gente, más actividad económica, las
especies migran o simplemente desaparecen, explicó el entrevistado.
El gobierno de Costa Rica justificó la obra bajo el argumento de
no depender del San Juan para el transporte en su extremo norte, a
pesar de que la Corte Internacional de Justicia le concedió el
derecho de navegar bajo custodia por esa vía fluvial nicaragüense,
recordó Quintero.
Para no violar ninguna de sus leyes ambientales con la
construcción, las autoridades del país vecino lo que hicieron fue
anularlas en su totalidad, estimó el exfuncionario de Marena.
Cualquier carretera representa oportunidades para los humanos,
pero no pueden dejar de analizarse los grandes problemas que pueden
ocasionar el flujo más acentuado de personas y los nuevos
establecimientos, pues producen mayor presión para los ecosistemas y
especies, subrayó.
Todo ello sin contar el potencial aumento de la cacería ilegal
dentro de territorio nicaragüense, algo que Quintero vivió de cerca
cuando trabajó para el Marena, reseña La Prensa.
Costa Rica, recuerda la publicación, demandó en 2010 a Nicaragua
ante la Corte Internacional de Justicia por dragar su propio río San
Juan y despejar de maleza un caño que medía un kilómetro de largo,
pero el organismo desestimó entonces los daños ambientales nicas.