Dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos

Leído por su Presidente, José Luis Toledo Santander

General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.
Compañero Ricardo Alarcón de Quesada, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Diputadas y Diputados.
Invitados.

En virtud de lo preceptuado en el artículo 74 apartado q) de la Constitución de la República, nos corresponde evaluar y adoptar las decisiones pertinentes sobre los informes de rendición de cuenta que nos han presentado el Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía General de la República, en cumplimiento del mandato constitucional establecido en los artículos 125 y 130 de la Norma Suprema.

Este momento ha estado precedido de una intensa actividad por los diputados encaminada a intercambiar con jueces, fiscales y demás trabajadores en cada municipio del país, constatando de esta manera el estado del trabajo en estas instituciones, así como el cumplimiento de las recomendaciones que sobre la anterior rendición de cuenta formulara la Asamblea Nacional, luego de lo cual en cada instancia provincial se efectuó un balance crítico del trabajo desarrollado por cada uno de estos órganos, donde participaron 356 diputados que realizaron 166 intervenciones sobre diferentes temas. De manera tal que los diputados han logrado adquirir un amplio conocimiento de los temas que nos ocupan.

Es pertinente significar que durante todo el tiempo transcurrido de la presente legislatura, los diputados de la Comisión, a partir de los planes de medidas adoptados por los Tribunales y la Fiscalía, en respuesta al ejercicio de rendición de cuenta anterior, han mantenido un control sistemático del cumplimiento de los mismos, recibiendo en todo momento una esmerada atención y receptividad a sus requerimientos por parte de los dirigentes de estos órganos.

En sentido general, los Tribunales Populares y la Fiscalía General de la República han cumplido cada una de las recomendaciones indicadas por la Asamblea Nacional, apreciándose un avance cualitativo en su trabajo, siendo de significar, la transformación que se aprecia en beneficio de las condiciones de vida y trabajo de jueces, fiscales y trabajadores en general, lo que en gran medida se alcanza por el permanente apoyo y atención que el Partido y el Gobierno brindan a ello. No obstante se aprecian dificultades dadas las carencias de medios de transporte, así como en la obtención, mantenimiento y reparación de los equipos informáticos que requieren para su trabajo.

Al interesar de los Tribunales y la Fiscalía nos rindieran cuenta, se les indicó que centraran su atención en los aspectos siguientes:

1. Cumplimiento de las recomendaciones de la Asamblea Nacional.

2.Trabajo desarrollado en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del orden y la disciplina social.

3.Proyecciones y requerimientos en el perfeccionamiento del trabajo.

Referente al informe de rendición de cuenta del Tribunal Supremo Popular, se aprecia:

1.Un correcto desempeño en el enfrentamiento a los delitos en general y en especial los asociados con actos de corrupción e indisciplinas sociales, aplicándose consecuentemente la política penal trazada por el Estado.

No obstante, los Tribunales todavía reciben algunos hechos, que por su escasa entidad y peligrosidad social, bien pudieran enfrentarse por otras vías más expeditas que garantizaran la concentración de los jueces en aquellos casos de elevada complejidad de los que ya vienen conociendo.

2. En los asuntos de materia económica, se reflejan en los Tribunales, las problemáticas insistentemente señaladas por la Dirección del Estado referente a las deficiencias en que incurren las empresas en el proceso de conformación de sus contratos y el hecho de pretender, en ocasiones, utilizar la vía judicial para justificar insuficiencias en su gestión económica.

3.Resulta alentador los niveles de completamiento en sentido general que alcanza en su plantilla el Sistema de Tribunales Populares (91%), así como el hecho de que el 67% de los cargos judiciales de dirección son ocupados por mujeres y el 44 % de los jueces tienen menos de 35 años de edad.

4.El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular en este período ha implementado un grupo de modificaciones estructurales y procesales urgido por las necesidades de alcanzar un desempeño cualitativamente superior en la impartición de justicia acorde con los reclamos de nuestra sociedad, requiriéndose su implementación definitiva y permanente en las correspondientes normas jurídicas.

5. El Tribunal Supremo Popular ha instrumentado un sólido y sistemático Plan de Capacitación para jueces y trabajadores, que responde esencialmente a sus estrategias de desarrollo y a superar las insuficiencias que constata en su gestión.

6. Pese a los avances considerables que se aprecian en la actuación jurisdiccional, el informe destaca autocríticamente aspectos deficientes que el propio sistema de inspección y supervisión de los Tribunales ha detectado y en cuya erradicación trabajan sostenidamente.

7. Se aprecian avances en el trabajo de control, influencia y atención sobre las personas a quienes se les ha concedido el beneficio de la excarcelación anticipada de la sanción penal que extinguen o que les han sido impuestas sanciones sustitutivas a la privación de libertad.

Atendiendo a lo expuesto se propone a la Asamblea Nacional, formular al Tribunal Supremo Popular las siguientes:

RECOMENDACIONES:

1.Continuar trabajando en imprimirle mayor profesionalidad y calidad al desempeño de los jueces y secretarios judiciales.

2. Garantizar y consolidar los niveles de celeridad alcanzados en la tramitación de los procesos judiciales en cada una de sus materias.

3.En coordinación con los Organismos de la Administración Central del Estado correspondientes y con los gobiernos locales, continuar trabajando en el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de sus integrantes, así como en el suministro de los recursos esenciales para el mejor desarrollo de su gestión.

4. Velar por la permanencia en el sistema de los Tribunales Populares de los jueces, lo que redundará en alcanzar mayor desarrollo y experiencia de estos profesionales.

5. Teniendo en cuenta el elevado nivel de completamiento de la plantilla de jueces, el Tribunal debe trabajar en perfeccionar un sistema que le permita la oportuna promoción de los mismos, atendiendo al grado de desarrollo profesional que manifiesten y a su tiempo de permanencia en la institución.

6. Mantener informada a la dirección del país de los problemas de mayor relevancia que se pongan de manifiesto en la tramitación de los distintos procesos judiciales, en especial los relacionados con los asuntos económicos, manteniendo las coordinaciones con los organismos pertinentes para lograr la ejecución de las sentencias en esta materia aún pendientes de ello.

7. Continuar perfeccionando la actividad de control, influencia y atención sobre las personas a quienes se les ha concedido el beneficio de la excarcelación anticipada de la sanción penal que extinguen o que les han sido impuestas sanciones sustitutivas a la de privación de libertad, con especial énfasis en las acciones que se realizan en la demarcación territorial de los respectivos Consejos Populares y en sus zonas de residencia.

8. Proyectarse en una estrategia de trabajo en coordinación con los organismos pertinentes, que garantice el suministro, mantenimiento y reparación oportuna de los recursos informáticos y de transporte.

Con relación al informe de rendición de cuenta presentado por la Fiscalía General de la República es de significar:

1.El sostenido trabajo que han venido desarrollando en el enfrentamiento a la corrupción e indisciplinas sociales mediante el consecuente ejercicio de la acción penal, el fortalecimiento e integralidad de las verificaciones fiscales y los procesos administrativos para confiscar los bienes provenientes de enriquecimientos indebidos.

2. Se destaca el trabajo de la Fiscalía por verificar el estado de legalidad en aquellos sectores económicos de más directa implicación con la población, así como la consecuente exigencia de responsabilidad penal y administrativa contra los responsables de las infracciones detectadas.

3.La prioridad que en estos momentos se concede a los procesos penales, así como la atención a las quejas y planteamientos de la población. Siendo aceptables los niveles de celeridad y efectividad de las respuestas ofrecidas a los ciudadanos.

4. Las acciones realizadas en interés de perfeccionar la estrategia de capacitación para incrementar la preparación y estimular la autopreparación del personal, a los fines de lograr el adecuado ejercicio de sus funciones.

5. El alto nivel de completamiento de su plantilla (92%), la atención prestada a la promoción de las mujeres a cargos de dirección (68%), así como el hecho de que el 38% de los fiscales tienen menos de treinta años de edad.

6. En los procesos penales se aprecian aún deficiencias que conspiran contra la calidad del material probatorio y la celeridad de los mismos, en lo que incide notablemente la complejidad de algunos casos, así como la necesidad de revisar el ordenamiento penal para garantizar la concentración del fiscal en aquellos hechos que por su trascendencia o características de sus comisores así lo requieran.

7. Se han adoptado medidas para elevar la calidad de la participación de los fiscales en las vistas de juicios orales, dado el relevante papel que a los mismos les atribuye la Ley. Destacándose el incremento de la participación de fiscales en las vistas de juicio oral de la instancia municipal.

8. Una destacada atención respecto a la actuación del fiscal en el control de la legalidad en los establecimientos penitenciarios.

9. Un trabajo sostenido en el papel de los fiscales en la protección de los derechos de los menores de edad.

10. La consolidación del trabajo con el Ministerio del Interior, la Contraloría General y el Instituto Nacional de las Reservas Estatales, le permitieron desarrollar una mayor efectividad en el enfrentamiento a los hechos delictivos.

En correspondencia con lo antes expuesto, se propone, a esta Asamblea Nacional, formular a la Fiscalía General de la República las siguientes:

RECOMENDACIONES:

1.Incrementar los niveles de exigencia y análisis en aras de imprimir mayor calidad en los procesos penales que se tramiten, consolidando los niveles de celeridad alcanzados. Del mismo modo lograr un papel altamente efectivo del fiscal en las vistas de juicios orales.

2. Continuar elevando la calidad de las respuestas a la población y la acción decidida hasta obtener el restablecimiento de la legalidad quebrantada, de ser el caso, a partir del mandato legal que le confiere la protección a los derechos de los ciudadanos.

3. Alcanzar mayores niveles de integralidad en la ejecución de las verificaciones fiscales logrando en la ejecución de las mismas mayor calidad, celeridad y organización, exigiendo consecuentemente responsabilidad a los infractores, así como la eliminación de las causas y condiciones de las violaciones que se pongan de manifiesto. Manteniendo oportunamente informada, a la dirección del país, de las situaciones de mayor relevancia que conozca.

4. Perfeccionar la labor integral del fiscal en el control de la legalidad en los establecimientos penitenciarios.

5. Consolidar el trabajo de protección a los derechos de los menores de edad.

6. Velar por la permanencia en la institución de los fiscales, a los efectos de lograr que alcancen mayor estabilidad y desarrollo profesional.

7. En coordinación con los Órganos de la Administración Central del Estado correspondientes y los gobiernos locales, continuar trabajando en el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de fiscales y trabajadores, así como en el suministro de los recursos esenciales para el mejor desarrollo de su gestión.

8. Proyectarse en una estrategia de trabajo en coordinación con los organismos pertinentes, que garantice el suministro, mantenimiento y reparación oportuna de los recursos informáticos y de transporte.

La Comisión de Asuntos Constituciones y Jurídicos atendiendo a la necesidad de perfeccionar y elevar la calidad del trabajo en ambas instituciones a planos superiores, en correspondencia con las directrices de trabajo que se trazan en los Lineamientos de la Política Económica y Social aprobados por el VI Congreso del PCC y ratificados por esta Asamblea Nacional y a los reiterados planteamientos del Primer Secretario del CC PCC y Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General de Ejército Raúl Castro Ruz, referente al perfeccionamiento del orden institucional, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del orden y la disciplina, considera oportuno proponerle a esta Asamblea, que recomiende al Tribunal Supremo Popular y a la Fiscalía General de la República, que de conjunto con el Ministerio del Interior y la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, trabajen en un análisis integral del Sistema de Justicia Penal de la nación con vistas a perfeccionarlo e incorporar formas y procedimientos de enfrentamiento al delito que permitan discernir los hechos graves en aras de concentrar en los mismos toda la fuerza del poder sancionador del Estado y a su vez instrumentar formas para aquellos casos que no tengan esa dimensión con vías más expeditas y menos gravosas para la sociedad, así como de la conformación de sus estructuras y competencias para el mejor desempeño de su gestión y en tal sentido, le propongan en su día, las normativas legales correspondientes.

Hoy, 23 de diciembre, celebran los Tribunales Populares y la Fiscalía General de la República, el treinta y ocho aniversario de su fundación por el Estado Revolucionario cubano, por lo que interesamos de la Asamblea Nacional trasmitir en su nombre, un mensaje de felicitación a todos los jueces, fiscales y trabajadores de estas instituciones, el reconocimiento por la labor desarrollada y la exhortación a que sean siempre firmes guardianes de la legalidad socialista.

En La Habana, a los 23 días del mes de diciembre de 2011. Año 53 de la Revolución.

Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos. Asamblea Nacional del Poder Popular.

 

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