En
virtud de lo preceptuado en el artículo 74 apartado q) de la
Constitución de la República, nos corresponde evaluar y adoptar las
decisiones pertinentes sobre los informes de rendición de cuenta que
nos han presentado el Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía General
de la República, en cumplimiento del mandato constitucional
establecido en los artículos 125 y 130 de la Norma Suprema.
Este momento ha estado precedido de una intensa actividad por los
diputados encaminada a intercambiar con jueces, fiscales y demás
trabajadores en cada municipio del país, constatando de esta manera
el estado del trabajo en estas instituciones, así como el
cumplimiento de las recomendaciones que sobre la anterior rendición
de cuenta formulara la Asamblea Nacional, luego de lo cual en cada
instancia provincial se efectuó un balance crítico del trabajo
desarrollado por cada uno de estos órganos, donde participaron 356
diputados que realizaron 166 intervenciones sobre diferentes temas.
De manera tal que los diputados han logrado adquirir un amplio
conocimiento de los temas que nos ocupan.
Es pertinente significar que durante todo el tiempo transcurrido
de la presente legislatura, los diputados de la Comisión, a partir
de los planes de medidas adoptados por los Tribunales y la Fiscalía,
en respuesta al ejercicio de rendición de cuenta anterior, han
mantenido un control sistemático del cumplimiento de los mismos,
recibiendo en todo momento una esmerada atención y receptividad a
sus requerimientos por parte de los dirigentes de estos órganos.
En sentido general, los Tribunales Populares y la Fiscalía
General de la República han cumplido cada una de las recomendaciones
indicadas por la Asamblea Nacional, apreciándose un avance
cualitativo en su trabajo, siendo de significar, la transformación
que se aprecia en beneficio de las condiciones de vida y trabajo de
jueces, fiscales y trabajadores en general, lo que en gran medida se
alcanza por el permanente apoyo y atención que el Partido y el
Gobierno brindan a ello. No obstante se aprecian dificultades dadas
las carencias de medios de transporte, así como en la obtención,
mantenimiento y reparación de los equipos informáticos que requieren
para su trabajo.
Al interesar de los Tribunales y la Fiscalía nos rindieran
cuenta, se les indicó que centraran su atención en los aspectos
siguientes:
1. Cumplimiento de las recomendaciones de la Asamblea Nacional.
2.Trabajo desarrollado en la lucha contra la corrupción y el
fortalecimiento del orden y la disciplina social.
3.Proyecciones y requerimientos en el perfeccionamiento del
trabajo.
Referente al informe de rendición de cuenta del Tribunal Supremo
Popular, se aprecia:
1.Un correcto desempeño en el enfrentamiento a los delitos en
general y en especial los asociados con actos de corrupción e
indisciplinas sociales, aplicándose consecuentemente la política
penal trazada por el Estado.
No obstante, los Tribunales todavía reciben algunos hechos, que
por su escasa entidad y peligrosidad social, bien pudieran
enfrentarse por otras vías más expeditas que garantizaran la
concentración de los jueces en aquellos casos de elevada complejidad
de los que ya vienen conociendo.
2. En los asuntos de materia económica, se reflejan en los
Tribunales, las problemáticas insistentemente señaladas por la
Dirección del Estado referente a las deficiencias en que incurren
las empresas en el proceso de conformación de sus contratos y el
hecho de pretender, en ocasiones, utilizar la vía judicial para
justificar insuficiencias en su gestión económica.
3.Resulta alentador los niveles de completamiento en sentido
general que alcanza en su plantilla el Sistema de Tribunales
Populares (91%), así como el hecho de que el 67% de los cargos
judiciales de dirección son ocupados por mujeres y el 44 % de los
jueces tienen menos de 35 años de edad.
4.El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular en este
período ha implementado un grupo de modificaciones estructurales y
procesales urgido por las necesidades de alcanzar un desempeño
cualitativamente superior en la impartición de justicia acorde con
los reclamos de nuestra sociedad, requiriéndose su implementación
definitiva y permanente en las correspondientes normas jurídicas.
5. El Tribunal Supremo Popular ha instrumentado un sólido y
sistemático Plan de Capacitación para jueces y trabajadores, que
responde esencialmente a sus estrategias de desarrollo y a superar
las insuficiencias que constata en su gestión.
6. Pese a los avances considerables que se aprecian en la
actuación jurisdiccional, el informe destaca autocríticamente
aspectos deficientes que el propio sistema de inspección y
supervisión de los Tribunales ha detectado y en cuya erradicación
trabajan sostenidamente.
7. Se aprecian avances en el trabajo de control, influencia y
atención sobre las personas a quienes se les ha concedido el
beneficio de la excarcelación anticipada de la sanción penal que
extinguen o que les han sido impuestas sanciones sustitutivas a la
privación de libertad.
Atendiendo a lo expuesto se propone a la Asamblea Nacional,
formular al Tribunal Supremo Popular las siguientes:
RECOMENDACIONES:
1.Continuar trabajando en imprimirle mayor profesionalidad y
calidad al desempeño de los jueces y secretarios judiciales.
2. Garantizar y consolidar los niveles de celeridad alcanzados en
la tramitación de los procesos judiciales en cada una de sus
materias.
3.En coordinación con los Organismos de la Administración Central
del Estado correspondientes y con los gobiernos locales, continuar
trabajando en el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo
de sus integrantes, así como en el suministro de los recursos
esenciales para el mejor desarrollo de su gestión.
4. Velar por la permanencia en el sistema de los Tribunales
Populares de los jueces, lo que redundará en alcanzar mayor
desarrollo y experiencia de estos profesionales.
5. Teniendo en cuenta el elevado nivel de completamiento de la
plantilla de jueces, el Tribunal debe trabajar en perfeccionar un
sistema que le permita la oportuna promoción de los mismos,
atendiendo al grado de desarrollo profesional que manifiesten y a su
tiempo de permanencia en la institución.
6. Mantener informada a la dirección del país de los problemas de
mayor relevancia que se pongan de manifiesto en la tramitación de
los distintos procesos judiciales, en especial los relacionados con
los asuntos económicos, manteniendo las coordinaciones con los
organismos pertinentes para lograr la ejecución de las sentencias en
esta materia aún pendientes de ello.
7. Continuar perfeccionando la actividad de control, influencia y
atención sobre las personas a quienes se les ha concedido el
beneficio de la excarcelación anticipada de la sanción penal que
extinguen o que les han sido impuestas sanciones sustitutivas a la
de privación de libertad, con especial énfasis en las acciones que
se realizan en la demarcación territorial de los respectivos
Consejos Populares y en sus zonas de residencia.
8. Proyectarse en una estrategia de trabajo en coordinación con
los organismos pertinentes, que garantice el suministro,
mantenimiento y reparación oportuna de los recursos informáticos y
de transporte.
Con relación al informe de rendición de cuenta presentado por la
Fiscalía General de la República es de significar:
1.El sostenido trabajo que han venido desarrollando en el
enfrentamiento a la corrupción e indisciplinas sociales mediante el
consecuente ejercicio de la acción penal, el fortalecimiento e
integralidad de las verificaciones fiscales y los procesos
administrativos para confiscar los bienes provenientes de
enriquecimientos indebidos.
2. Se destaca el trabajo de la Fiscalía por verificar el estado
de legalidad en aquellos sectores económicos de más directa
implicación con la población, así como la consecuente exigencia de
responsabilidad penal y administrativa contra los responsables de
las infracciones detectadas.
3.La prioridad que en estos momentos se concede a los procesos
penales, así como la atención a las quejas y planteamientos de la
población. Siendo aceptables los niveles de celeridad y efectividad
de las respuestas ofrecidas a los ciudadanos.
4. Las acciones realizadas en interés de perfeccionar la
estrategia de capacitación para incrementar la preparación y
estimular la autopreparación del personal, a los fines de lograr el
adecuado ejercicio de sus funciones.
5. El alto nivel de completamiento de su plantilla (92%), la
atención prestada a la promoción de las mujeres a cargos de
dirección (68%), así como el hecho de que el 38% de los fiscales
tienen menos de treinta años de edad.
6. En los procesos penales se aprecian aún deficiencias que
conspiran contra la calidad del material probatorio y la celeridad
de los mismos, en lo que incide notablemente la complejidad de
algunos casos, así como la necesidad de revisar el ordenamiento
penal para garantizar la concentración del fiscal en aquellos hechos
que por su trascendencia o características de sus comisores así lo
requieran.
7. Se han adoptado medidas para elevar la calidad de la
participación de los fiscales en las vistas de juicios orales, dado
el relevante papel que a los mismos les atribuye la Ley.
Destacándose el incremento de la participación de fiscales en las
vistas de juicio oral de la instancia municipal.
8. Una destacada atención respecto a la actuación del fiscal en
el control de la legalidad en los establecimientos penitenciarios.
9. Un trabajo sostenido en el papel de los fiscales en la
protección de los derechos de los menores de edad.
10. La consolidación del trabajo con el Ministerio del Interior,
la Contraloría General y el Instituto Nacional de las Reservas
Estatales, le permitieron desarrollar una mayor efectividad en el
enfrentamiento a los hechos delictivos.
En correspondencia con lo antes expuesto, se propone, a esta
Asamblea Nacional, formular a la Fiscalía General de la República
las siguientes:
RECOMENDACIONES:
1.Incrementar los niveles de exigencia y análisis en aras de
imprimir mayor calidad en los procesos penales que se tramiten,
consolidando los niveles de celeridad alcanzados. Del mismo modo
lograr un papel altamente efectivo del fiscal en las vistas de
juicios orales.
2. Continuar elevando la calidad de las respuestas a la población
y la acción decidida hasta obtener el restablecimiento de la
legalidad quebrantada, de ser el caso, a partir del mandato legal
que le confiere la protección a los derechos de los ciudadanos.
3. Alcanzar mayores niveles de integralidad en la ejecución de
las verificaciones fiscales logrando en la ejecución de las mismas
mayor calidad, celeridad y organización, exigiendo consecuentemente
responsabilidad a los infractores, así como la eliminación de las
causas y condiciones de las violaciones que se pongan de manifiesto.
Manteniendo oportunamente informada, a la dirección del país, de las
situaciones de mayor relevancia que conozca.
4. Perfeccionar la labor integral del fiscal en el control de la
legalidad en los establecimientos penitenciarios.
5. Consolidar el trabajo de protección a los derechos de los
menores de edad.
6. Velar por la permanencia en la institución de los fiscales, a
los efectos de lograr que alcancen mayor estabilidad y desarrollo
profesional.
7. En coordinación con los Órganos de la Administración Central
del Estado correspondientes y los gobiernos locales, continuar
trabajando en el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo
de fiscales y trabajadores, así como en el suministro de los
recursos esenciales para el mejor desarrollo de su gestión.
8. Proyectarse en una estrategia de trabajo en coordinación con
los organismos pertinentes, que garantice el suministro,
mantenimiento y reparación oportuna de los recursos informáticos y
de transporte.
La Comisión de Asuntos Constituciones y Jurídicos atendiendo a la
necesidad de perfeccionar y elevar la calidad del trabajo en ambas
instituciones a planos superiores, en correspondencia con las
directrices de trabajo que se trazan en los Lineamientos de la
Política Económica y Social aprobados por el VI Congreso del PCC y
ratificados por esta Asamblea Nacional y a los reiterados
planteamientos del Primer Secretario del CC PCC y Presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros, General de Ejército Raúl Castro
Ruz, referente al perfeccionamiento del orden institucional, la
lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del orden y la
disciplina, considera oportuno proponerle a esta Asamblea, que
recomiende al Tribunal Supremo Popular y a la Fiscalía General de la
República, que de conjunto con el Ministerio del Interior y la
Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, trabajen en un
análisis integral del Sistema de Justicia Penal de la nación con
vistas a perfeccionarlo e incorporar formas y procedimientos de
enfrentamiento al delito que permitan discernir los hechos graves en
aras de concentrar en los mismos toda la fuerza del poder
sancionador del Estado y a su vez instrumentar formas para aquellos
casos que no tengan esa dimensión con vías más expeditas y menos
gravosas para la sociedad, así como de la conformación de sus
estructuras y competencias para el mejor desempeño de su gestión y
en tal sentido, le propongan en su día, las normativas legales
correspondientes.
Hoy, 23 de diciembre, celebran los Tribunales Populares y la
Fiscalía General de la República, el treinta y ocho aniversario de
su fundación por el Estado Revolucionario cubano, por lo que
interesamos de la Asamblea Nacional trasmitir en su nombre, un
mensaje de felicitación a todos los jueces, fiscales y trabajadores
de estas instituciones, el reconocimiento por la labor desarrollada
y la exhortación a que sean siempre firmes guardianes de la
legalidad socialista.
En La Habana, a los 23 días del mes de diciembre de 2011. Año 53
de la Revolución.
Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos. Asamblea
Nacional del Poder Popular.