General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.
Compañero Ricardo Alarcón de Quesada, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Diputadas y Diputados.
Invitados.

En cumplimiento del artículo 130 de la Constitución de la República y como en ocasiones anteriores, rinde cuenta la Fiscalía General de la República ante esta Asamblea, sobre los principales resultados obtenidos en el periodo comprendido entre los años 2007 al 2011, donde se reflejan no solo lo logrado, sino lo que aún nos falta por alcanzar.

Lo hacemos en un momento de particular relevancia, enfrascados en la actualización del modelo económico, con el objetivo de garantizar la continuidad e irreversibilidad del socialismo en nuestro país.

Los procesos de rendición de cuenta anteriores ante la Asamblea Nacional, han contribuido a la adopción de decisiones encaminadas al perfeccionamiento del desempeño de nuestras funciones y al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del personal.

Se incrementó y estabilizó la fuerza laboral, caracterizada por su juventud, con una mayoritaria presencia de mujeres como fiscales y en cargos de dirección, lo que aumentó en los últimos cuatro años, empeño en el que se debe continuar avanzando para consolidar lo alcanzado.

Atendiendo a la composición de jefes y fiscales jóvenes, la preparación profesional y política de los mismos es una necesidad para asumir las nuevas y crecientes tareas que se exigen de nosotros.

A pesar del aumento de los estudios de postgrado en especialidades, maestrías y doctorados, aún no se logra correspondencia entre el nivel científico alcanzado y los resultados concretos en el desempeño diario del trabajo y que la capacitación esté en función de lo que necesita la Institución.

Resultan excepcionales las infracciones de naturaleza ética cometidas por los Fiscales, aunque aún se presentan inconformidades con la actuación de los mismos, en las que les asiste razón a los ciudadanos en sus planteamientos en una parte de estas.

El cumplimiento de las tareas asignadas a la Fiscalía en el ejercicio de la acción penal pública y en el control de la legalidad en todos los ámbitos de la sociedad, se caracterizó por la complejidad de los fenómenos enfrentados.

La organización y calidad de la intervención del Fiscal en los procesos penales, permitió mantener una actuación sistemática en el enfrentamiento a los hechos de indisciplinas sociales que más afectan el desarrollo del país, la tranquilidad ciudadana y el orden en la sociedad.

Entre los fundamentales se encuentran: la sustracción, desvíos o ventas de medicamentos y materiales de curación, agresiones a los agentes de la autoridad, daños a los sistemas telefónicos, energéticos y ferroviarios, contra el ganado mayor, hurtos y robos, el tráfico de drogas y los delitos económicos o asociados a la corrupción.

Se solicitaron sanciones severas en los hechos de mayor gravedad y afectación socioeconómica, reservando las sanciones subsidiarias a la privación de libertad para los comisores de hechos de menor entidad.

El perfeccionamiento de la participación del Fiscal en el Proceso Penal, se produjo con la modificación de la manera en que lo concebíamos.

Se trabajó en mejorar la intervención del Fiscal en los juicios orales con el objetivo de que los mismos tengan la calidad, solemnidad y el efecto educativo-preventivo que se requieren.

Se incrementaron y perfeccionaron las visitas a los establecimientos penitenciarios con la participación de Fiscales militares y otros especialistas.

Fueron atendidas en la Fiscalía más de 420 mil personas, lo que exige la profesionalización de esta función, para lograr mayor calidad en la orientación y seguimiento a las problemáticas planteadas.

La protección legal a los menores de edad con trastornos de conducta, que incurren en delitos, o son víctimas, requiere de los Fiscales mayor exigencia a todos los que deben participar en esta importante actividad, comenzando por la familia, de manera que cumplan con las obligaciones que les corresponden.

Las verificaciones fiscales e investigaciones se ejecutaron principalmente en las entidades que disponen de importantes recursos materiales y financieros y que demandan de un mayor control, ejecutando investigaciones "sectorializadas" de manera simultánea a varias entidades de un organismo o sobre temas determinados.

Entre ellos se encuentran: los sectores vinculados a la producción de alimentos, el proceso de entrega de tierras ociosas en usufructo, la producción y comercialización de medicamentos, el reordenamiento del transporte, el proceso inversionista, las violaciones en los cobros y pagos entre entidades, las empresas mixtas y otras formas de asociación económica que ocasionaron daños y perjuicios significativos al país.

Con el apoyo permanente del Partido y el Gobierno se lograron transformaciones notables en beneficio de la Institución y sus trabajadores, presentándose por indicaciones del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros al Ministerio de Economía y Planificación propuesta de las necesidades a resolver hasta el año 2015.

El trabajo desarrollado por la Institución en la lucha contra la corrupción y la indisciplina social se materializó, entre otras formas, en la atención a las denuncias, quejas y reclamaciones de los ciudadanos relacionadas con presuntas irregularidades, violaciones de las normas legales y hechos asociados a la corrupción.

Los fiscales actuaron en asuntos civiles y procedimientos administrativos, en los que detectaron violaciones de la ley, resultado de manifestaciones de corrupción, contribuyendo a que se declararan nulos y se restableciera el orden.

Se realizaron igualmente investigaciones al Ordenamiento Territorial y Urbanístico en diferentes lugares detectándose múltiples violaciones de la legalidad.

En el enfrentamiento al enriquecimiento indebido, las drogas y el proxenetismo se confiscaron administrativamente a favor del Estado: dinero en efectivo, viviendas, tierras y vehículos automotores, trabajándose en su perfeccionamiento.

Se solicitaron sanciones severas a los responsables de los delitos económicos o de hechos asociados a la corrupción, la confiscación o comiso de los bienes obtenidos ilícitamente, así como la "prohibición del ejercicio de la profesión, cargo u oficio", bajo el principio constitucional de la igualdad de todos en el cumplimiento estricto de las leyes.

Se verificó en los centros penitenciarios, que los sancionados por delitos económicos no ejecutaran las mismas funciones por las que fueron privados de libertad, lo que se corresponde con la respuesta enérgica a estas conductas.

Se incrementó la cohesión con los órganos del Ministerio del Interior, la Contraloría General, el Instituto Nacional de la Reserva Estatal y los Organismos de la Administración Central del Estado para la prevención y enfrentamiento a los delitos.

Las acciones desarrolladas por los Órganos Justicia-MININT permitieron analizar sistemáticamente el cumplimiento de la política penal y penitenciaria entre otros temas de vital importancia.

De conjunto con la Universidad de las Ciencias Informáticas se desarrollan proyectos mediante los cuales, se logrará la informatización del trabajo de la Fiscalía, favoreciendo mayor eficacia y eficiencia en el enfrentamiento al delito.