General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.
Compañero Ricardo Alarcón de Quesada, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Diputadas y Diputados.
Invitados.

El 29 de junio del año 2007, en la anterior Legislatura, en un ejercicio similar a este, el General de Ejército Raúl Castro Ruz llamaba la atención en dos temas fundamentales de los informes de rendición de cuenta del Tribunal Supremo y la Fiscalía General, así como sobre el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

En aquella oportunidad, alertaba del deterioro material que se apreciaba en los Tribunales y las Fiscalías del país y nos alertaba de que eso venía desde antes del Período Especial. Eran órganos que fueron muy preteridos, por diversas razones, durante muchos años, en lo material; y el otro tema, que era también una consecuencia del anterior, tenía que ver con los bajos niveles de completamiento de la fuerza, lo que impedía una estabilidad y un desarrollo más eficaz del trabajo de estos órganos.

Como expresan los informes y aquí han ratificado los diputados, se ha ido dejando atrás ese deterioro material en las condiciones de trabajo. Muchos diputados han podido dar fe en las propias visitas que han realizado a los órganos de los Tribunales y las Fiscalías en el país. Por indicaciones del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, hemos sostenido encuentros en cada uno de los Tribunales y Fiscalías en las provincias del país, con los Consejos de Dirección, los Consejos de Gobierno, los presidentes de los tribunales y los jefes de las fiscalías municipales, y hemos podido apreciar el mejoramiento de esas condiciones de trabajo en cumplimiento de sus orientaciones al respecto.

Y se aprecia, igualmente, cómo se ha detenido el éxodo considerable que se manifestaba en estos órganos, a tal punto, que durante muchos años, el ingreso a las fiscalías y los tribunales procedía fundamentalmente del servicio social de jóvenes egresados, que la mayoría no tenían vocación por ingresar en estos órganos y que concluido el servicio social abandonaban estas instituciones, por lo cual la estabilidad necesaria para el desarrollo de esta función se limitaba en grado sumo.

Quiero destacar que por indicaciones del Presidente, hay una previsión en los planes de la economía hasta el año 2015, para continuar avanzando en el orden material de estos órganos e incluyen las inversiones constructivas, los mantenimientos de los inmuebles, pues todavía quedan en algunos lugares inmuebles con dificultades, y donde se incluye también el transporte, los medios informáticos, entre otros.

Como decía el compañero Rubén Remigio, esto se hace en medio de las complejidades económicas que tiene el país y hay que destacarlo, porque es el compromiso, es la voluntad de la Dirección del Gobierno por ir resolviendo la depauperada situación que había con estos órganos que tan importante labor realizan.

Y no quisiera dejar de resaltar que a pesar de las difíciles condiciones materiales en que estos órganos han desarrollado su labor durante muchos años, se ha mantenido en general la probidad, la virtud y el decoro y la ética de los tribunales y las fiscalías en el país. Como decía el Fiscal General, los casos y manifestaciones de violación ética en estas instituciones han sido muy excepcionales y eso también enorgullece a nuestra administración de justicia, eso también enorgullece a la actuación de nuestros fiscales en el país, eso también yo creo que debemos reconocerlo.

Ni los jueces, ni los fiscales dejan de ser infalibles, la infabilidad en la justicia, tal vez sea de la justicia divina, pero la justicia humana por su naturaleza puede equivocarse. Lo importante no es que no se puedan cometer errores, sino que existan mecanismos para corregirlos y el Presidente del Tribunal Supremo Popular y el Fiscal General de la República han expresado los mecanismos que existen para resolver los problemas que se puedan presentar en los asuntos judiciales, en la tramitación de los procesos.

De igual modo, hay que destacar la significativa situación que hoy se aprecia en una mayor estabilidad y un superior completamiento en todas las estructuras de dirección de la fiscalía y los tribunales. Los datos ofrecidos en ambos informes durante esta sesión son harto elocuentes.

Por supuesto que debemos continuar consolidando y mejorando las condiciones de trabajo, eso que se decía aquí, los ejemplos que se ponían de los fiscales, las compañeras fundamentalmente, que viajan muchos kilómetros para ejercer su labor y lo hacen todavía con muchas dificultades.

Me parece que si algo debemos pensar hacia el futuro es en cómo deben proyectarse estos órganos en los próximos años, y creo que el dictamen de la Comisión lo aborda con mucha claridad. Con los niveles de completamiento y con la situación material que se va ir resolviendo paulatinamente en estos órganos, tenemos que trabajar y así se está haciendo, por elevar la competencia y el nivel profesional y técnico de los operadores del derecho. Es una necesidad de nuestro pueblo, del futuro de la Revolución.

Yo creo que también ha sido un reclamo de algunos diputados en estos encuentros, y se ha planteado en el Dictamen de la Comisión, la necesidad de un perfeccionamiento de nuestro sistema de normas legales, que tienen que ver con el actuar de estos órganos, no solo en el sistema de justicia penal, sino también en materia económica, en lo civil —por ejemplo lo que se ha hablado del procedimiento del derecho de familia—. Es un imperativo las transformaciones que se están llevando en el marco económico y que también tienen su resonancia en las normas legales. Y en la justicia laboral también.

Los jueces y los fiscales son baluartes en el cumplimiento de los Lineamientos de la política aprobada por el Sexto Congreso del Partido, sobre todo en el fortalecimiento de la disciplina y el orden, y el fortalecimiento de la institucionalidad del país. Lo ha expresado el General de Ejército en reuniones del Consejo de Ministros, aquí en la propia Asamblea Nacional, no es posible triunfar si no resolvemos los desafíos que en el orden económico y social tiene el país, si no hay orden y disciplina, si no hay institucionalidad y en esos los fiscales y los tribunales juegan un papel de primer orden.

Igualmente debemos destacar los niveles de coordinación que se han alcanzado y que dan fortaleza en la labor de los Tribunales y la Fiscalía, la Contraloría General de la República y el Ministerio del Interior, con funciones diferentes, pero hacia objetivos comunes.

Todos los que desempeñan estas funciones siempre recuerdan que son deudores de aquellos que un día, en medio del combate contra el colonialismo español, en un brazo tomaron el machete y en otro llevaron la ley. Recordaba hoy Alarcón y algunos compañeros, el propio Dr. Armando Hart, en un artículo de Juventud Rebelde, que hoy se cumplen 170 años del natalicio de uno de los más virtuosos y paladines del derecho, de las luchas independentistas, el abogado insigne camagüeyano Ignacio Agramonte,

Y, además, son deudores de aquellos auditores y aquellos que administraron justicia en la lucha de la Sierra Maestra, de aquellos jueces y magistrados que por ética no juraron los estatutos constitucionales del golpe del 10 de marzo y de todos aquellos que durante estos años de Revolución, desde la trinchera de la Fiscalía y los Tribunales han defendido con honor y con modestia nuestra Revolución.

Yo creo que eso que reclamaba el Dr. Armando Hart, en ese artículo sobre Ignacio Agramonte y en otros, esa lucha por la ética y el derecho que son necesarios e imprescindibles para salvar la Revolución, encuentra en la Fiscalía y en los Tribunales a defensores de primer orden.