Autoridades de Nicaragua esperan este jueves que la Convención Mundial de Protección de Humedales (Ramsar) contribuya a evaluar el impacto ambiental al río San Juan, por la construcción de una carretera costarricense en las márgenes del torrente.

La ministra Juana Argeñal, titular del Ambiente y Recursos Naturales, confirmó la decisión de Ramsar de enviar una misión de asesoramiento técnico, en respuesta a la solicitud de Nicaragua, hecha a fines de noviembre último, reporta Prensa Latina.

Todavía no hay información pública acerca de la fecha exacta en que arribarán los expertos internacionales, mientras el deterioro del río, así la agresión a los humedales, flora y fauna del sitio, limítrofe con Costa Rica, ocupa los principales espacios noticiosos del país.

Para Argeñal, Ramsar debe venir y ser testigo de lo que está aconteciendo, para buscar cómo entrar en una lógica de preservación.

En declaraciones a la prensa, la funcionaria confirmó la voluntad del gobierno de acudir a otras instancias multilaterales como la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ante la cual se presentará demanda formal por este nuevo conflicto con las autoridades ticas.

Según reporta El Nuevo Diario, en la capital costarricense el ministro de Relaciones Exteriores de esa nación, Enrique Castillo, descartó que fructifique el reclamo representado por agrupaciones ambientalistas ante la Corte Centroamericana de Justicia.

No le vamos a permitir hacer ningún acto de jurisdicción en territorio costarricense, incluso le podemos negar la visa para que no entren a nuestro país, dijo Castillo, citado por el rotativo.

Sin embargo, el presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, Francisco Darío Lobo, declaró que Costa Rica está sujeta a la jurisdicción de ese tribunal y anunció que a principios de enero irán al lugar para corroborar los perjuicios al ecosistema.

Somos imparciales, no tenemos nada en contra de Costa Rica, pero si no comparece, el juicio seguirá, dijo el magistrado al Canal 12 de la televisión local.

El vial que ocasiona el litigio, de unos 120 kilómetros, corre en paralelo a la ribera derecha del San Juan y, según evidencias gráficas tomadas por agrupaciones ambientalistas, su ejecución conllevó a la tala de numerosos árboles y el desbroce de tierra en detrimento del cauce.

La filial del ministerio del Ambiente en el departamento de Río San Juan verificó que los taludes tienen un corte transversal sin planificación ni estudio de suelos, que, definitivamente, exponen a las poblaciones".