Naciones Unidas reafirmó que la utilización, reclutamiento, financiación y entrenamiento de mercenarios infringen los propósitos y principios consagrados en la Carta de la organización mundial.

También pidió a los Estados que vigilen a las empresas privadas de servicios de asesoramiento y de seguridad militares y les prohíban intervenir en conflictos armados o acciones encaminadas a desestabilizar regímenes constitucionales, advirtió Prensa Latina.

Esa postura aparece en una resolución aprobada la víspera por la Asamblea General bajo el título Utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación.

El texto recibió 130 votos a favor, 53 en contra y seis abstenciones.

Excepto Azerbaiyán y Rusia, que sufragaron de manera positiva, y Suiza, que se abstuvo, los restantes países de Europa rechazaron el documento, entre ellos Francia y Gran Bretaña, más Estados Unidos, miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

Por el contrario, la casi totalidad de América Latina y el Caribe apoyaron la resolución, salvo Chile, México y Colombia que se abstuvieron.

La resolución alerta que los conflictos armados, el terrorismo, el tráfico de armas y las operaciones encubiertas de terceras potencias fomentan la demanda de mercenarios en el mercado mundial.

Asimismo expresa preocupación por los efectos de las actividades de las compañías militares y de seguridad privadas en el disfrute de los derechos humanos, en particular cuando operan en situaciones de conflicto armado.

Al respecto, la Asamblea General indica que rara vez se exige a esas empresas y a su personal que rindan cuentas por violaciones de los derechos humanos.

Por esa razón, solicita que los Estados adopten providencias legislativas para impedir que su territorio y su nacionales sean utilizados para reclutar, concentrar, financiar, entrenar, proteger o de tránsito de mercenarios.

Más adelante, reclama la regulación de los registros y concesión de licencias a esas empresas privadas militares de seguridad para garantizar que sus servicios no violen los derechos humanos ni obstaculicen su ejercicio en el país receptor.

Exhorta a investigar la posible participación de mercenarios cuando y dondequiera se produzcan actos criminales de índole terrorista y a enjuiciar o extraditar a los responsables de conformidad con las leyes nacionales y los tratados pertinentes.