Guatemala pedirá a Estados Unidos indemnización para
sobrevivientes y familiares de las víctimas de experimentos ilegales
realizados por médicos norteamericanos en la década de 1940, dio a
conocer Prensa Latina.
Para ello próximamente se reunirán los cancilleres de ambos
países, anunció el vicepresidente Rafael Espada, en cumplimiento de
una de las recomendaciones contenidas en el informe de la comisión
presidencial para el esclarecimiento de aquellos hechos.
Espada, mandatario en funciones, indicó que no se ha definido la
cantidad por solicitar al gobierno estadounidense, pero se hará un
análisis de las otorgadas por aquella nación a otras cuyos
habitantes padecieron situaciones similares.
Además del resarcimiento económico, otro de los reclamos será la
construcción de un instituto de ciencia, tecnología y ética en el
país, el cual podrá ser utilizado por la región centroamericana.
En el periodo de 1946 a 1948 fueron realizados experimentos con
ciudadanos guatemaltecos, a quienes inocularon infecciones de
transmisión sexual como sífilis, chancro y gonorrea, supuestamente
para estudiar la reacción de la penicilina en esas enfermedades.
De acuerdo con el Diario de Centro América (oficial), los
resultados del informe de esclarecimiento revelan un registro de
tres mil 780 nombres de pacientes en los documentos de aquellos
estudios, considerados aquí crimen de lesa humanidad.
Sumaron mil 160 los inoculados, de los cuales 424 eran internos
del asilo de Alienados u Hospital Neuropsiquiátrico, 205 reos de la
Penitenciaria Central, 524 soldados y siete prostitutas, señala el
reporte.
Los métodos utilizados, agrega, fueron colocación local en la
membrana mucosa del pene, aplicación abrasiva, inyecciones
intracutáneas y subcutáneas, así como infiltraciones submucosales.
En octubre de 2010 una investigación de la profesora
estadounidense Susan Reverby sacó a la luz pública aquellos ensayos
clínicos practicados en Guatemala por especialistas de su país con
la complicidad de funcionarios locales.
Los impulsó la Secretaría de Salud Pública del gobierno
norteamericano mediante el médico John Cutler, cuyos resultados
nunca se publicaron pero se sabe que algunos de los contagiados sin
su consentimiento fallecieron como consecuencia directa de esas
prácticas.
A raíz de esa revelación, el presidente de Guatemala, Alvaro
Colom, calificó el hecho como crimen de lesa humanidad y ordenó
efectuar pesquisas al respecto.