Organizaciones defensoras de los derechos humanos rechazaron el nombramiento del nuevo presidente de la Corte Suprema, al que le atribuyen un pasado ligado a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Se trata del juez Rubén Ballesteros, quien asumirá a partir del próximo 6 de enero al frente del máximo tribunal chileno durante el bienio 2012-2013, indicó Prensa Latina.

En opinión de Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), se va en camino a reeditar la actitud que tuvo el Poder Judicial durante el régimen militar, de absoluta sumisión frente al Poder Político.

Lo que ha hecho este Poder Judicial es un retroceso imperdonable que en cualquier otro país sería condenable, porque quienes defienden a los genocidas y violadores de derechos humanos también son cómplices de la impunidad, afirmó Pizarro.

Es gravísimo lo ocurrido; va a presidir el máximo tribunal del país un cómplice de las violaciones de los Derechos Humanos, recalcó la dirigente de los DD.HH.

Ballesteros es conocido en Chile por favorecer una política de amnistía y prescripción frente a responsables de delitos de lesa humanidad.

En cada uno de los procesos de violaciones de los derechos humanos, en el que ha tenido que tomar decisión respecto a las condenas que se han dictado, invariablemente ha votado por la prescripción, por la media prescripción o la amnistía, apuntó Mireya García, portavoz de la AFDD.

La publicación Red Diario Digital de Chile recordó asimismo que el nuevo timonel de la Corte Suprema se opuso a que Pinochet fuera investigado por los siguientes delitos: Perjurio o falso testimonio en su declaración jurada de bienes de 1989 y Falsificación y uso malicioso y sustracción de documentos públicos (pasaportes).

Evitó también se le procesara por Falsificación de certificados del Ministerio de Defensa; Obstrucción a la justicia y defraudación por alzamiento de bienes y lavado de activos.