El proyecto de Ley Antiterrorista que tratará esta semana el Senado argentino después de recibir media sanción en la Cámara de Diputados genera hoy controversias con organismos de derechos humanos y legisladores de la oposición.

La ley que propone el oficialismo busca criminalizar la protesta social para convalidar el saqueo de todos nuestros recursos, y esconde la recolonización de Argentina y Latinoamérica por parte de las empresas extranjeras, sostuvo el diputado y líder de Proyecto Sur, Fernando Pino Solanas.

De acuerdo con Prensa Latina, Solanas anunció en una conferencia de prensa ofrecida ayer que el bloque de legisladores de esa fuerza junto a varios organismos de derechos humanos, entre estos Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), lanzarán una campaña para luchar por la impugnación de ese proyecto legislativo.

Por su parte, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel consideró que la urgencia con que la Cámara baja aprobó la ley anti-terrorista y anti-democrática tiene que ver con las imposiciones de Estados Unidos para asegurar sus inversiones financieras y el control de los movimientos sociales. El proyecto de ley adolece de claridad y puede ser usado para impedir los reclamos sociales. Me parece semejante a las leyes de impunidad durante el Gobierno de (Ricardo) Alfonsín, de punto final y obediencia debida, que votaron los legisladores sin pestañear, advirtió.

En un comunicado difundido aquí el viernes último, Pérez Esquivel señaló que en el texto no se dice una palabra sobre el terrorismo económico y tampoco clarifica quiénes son terroristas y cuáles los parámetros para determinar los que atentan contra la seguridad del pueblo.

Si se aprueba la ley -alertó- pueden ser acusados los indígenas que luchan por el derecho a sus territorios y los obreros cuando reclamen sus derechos laborales; es decir, es una ley que viola los derechos humanos de la persona y los pueblos.

Por su parte, el ministro de Justicia, Julio Alak, insistió ayer en que la propuesta del Ejecutivo solo pretende adecuar la legislación argentina a los estándares internacionales.

La calificación de terrorismo no debe generar temor en las organizaciones sociales, pues está muy claro que no deben ser criminalizadas las protestas sociales, argumentó ante los integrantes de la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado.