Una corte federal de Estados Unidos determinó prorrogar la entrada en vigor de una rigurosa Ley Migratoria en Carolina del Sur, en medio de demandas y protestas, que se mantienen este martes, en contra de la normativa.

Tras analizar los argumentos de los grupos a favor y en contra del proyecto, la magistratura decidió rechazar una petición del fiscal estatal, Alan Wilson, para que se aplique la regulación, mientras la Corte Suprema llega a una definición, indicaron medios locales de prensa, reporta Prensa Latina.

El tribunal federal se comprometió a anunciar su veredicto antes del venidero 1 de enero de 2012, cuando debe implementarse el proyecto legal, ampliamente criticado por la población.

Mientras, unos 200 activistas se concentraron en una plaza cercana a la corte federal y realizaron una manifestación pacífica para exigir la desaprobación de los estatutos.

El documento, firmado por la gobernadora Nikki Haley el 27 de junio pasado, otorga facultades a los agentes del orden para cuestionar el estado migratorio de personas detenidas por otras infracciones y sospechosas de ser indocumentados.

Asimismo, comprende la creación de una Unidad de Cumplimiento de las Leyes de Inmigración, compuesta por 12 funcionarios, iniciativa considerada única en su tipo en todo el país norteño.

La ley establece como delito mayor la falsificación de documentos o no portar identificaciones oficiales, crímenes que pueden ser penalizados con multas de hasta 25 mil dólares o cinco años de prisión.

Por otra parte, castiga a las personas o instituciones que ofrezcan asistencia o albergue a los indocumentados.

La propuesta, similar en rigor a las de Alabama y Arizona, fue denunciada el mes pasado por organizaciones comunitarias, religiosas, La Unión Americana de Libertades Civiles y el Departamento de Justicia, entes que presentaron demandas, por separado, para impedir su aplicación.

A juicio de esas instancias, las medidas son discriminatorias, inconstitucionales e interfieren con el Gobierno Federal.