Germán Veloz Placencia

HOLGUÍN.— Las violaciones cometidas en el proceso de explotación de la cantera de Sao Arriba, próxima a la capital provincial, motivaron en octubre la actuación de los inspectores ambientales, quienes impusieron multas severas a entidades estatales, entre ellas, la Empresa Constructora de Obras de Arquitectura No. 19.

Los transgresores, a espaldas de la entidad concesionaria —la Empresa Constructora de Obras de Ingeniería No. 17—, desbrozaron arbitrariamente el componente vegetal del ecosistema, no controlaron la emisión de polvo a la atmósfera y dañaron parte del paisaje aledaño a la carretera que conduce a Guardalavaca y otros sitios de importancia turística.

Junto con la multa, a los infractores se les aplicó "la obligación de hacer"; o sea, emprender acciones de restablecimiento, refiere Ruberdanis Tamayo Portales, al frente de una unidad que vela por la protección del entorno y el uso sostenible de los recursos, perteneciente a la Delegación Territorial de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA).

El joven ingeniero industrial acota que la actividad regulatoria impone la alerta constante. "Días atrás nuestros inspectores también multaron a la Empresa Constructora de Obras del Poder Popular del municipio de Moa, que explota un molino de áridos sin licencia ambiental, la cual podrá recibir cuando la Oficina de Recursos Mineros la haga concesionaria del sitio, ubicado en las márgenes del río Cayo Guam, en el área protegida Reserva de la Biosfera Cuchillas del Toa.

"Les advertimos que con la autorización correspondiente, únicamente pueden procesar las piedras acumuladas después de las crecidas, porque resulta bueno para el cauce de dos meandros próximos a la instalación. No hacerlo de esa forma cíclica, dañaría las orillas del río y pondría en peligro el ecosistema."

Desde que comenzó el 2011, el CITMA en Holguín modificó el modo de enfrentamiento, revela el especialista. Es decir, las verificaciones tienen como centro las estructuras provinciales, para que exijan a las entidades municipales bajo su responsabilidad la obligación de informar sobre las transgresiones, las sanciones recibidas y las medidas dirigidas a eliminar los daños, porque los hechos confirman la perjudicial costumbre de ocultar al nivel superior los resultados de las comprobaciones.

"No pocas veces los responsables de las empresas y centros de trabajo prefieren que se les impongan las multas si no son cuantiosas, porque es como si ahí muriera el asunto, entre otras cosas, porque nosotros tampoco hacíamos fluir los casos hacia las instancias superiores, situación que ahora logramos modificar."

Entre las acciones emprendidas bajo esos conceptos, están las 189 Inspecciones Ambientales Estatales realizadas en el 2011 al amparo de la Ley 81 del Medio Ambiente. El saldo fue de más de 90 sanciones en general.

PROBLEMAS LOCALIZADOS

Para hacer cumplir las regulaciones, no es posible permanecer ajenos a la estrategia ambiental elaborada para el territorio, valora Tamayo Portales, conocedor al detalle de los principales problemas a enfrentar, entre ellos, la degradación de los suelos, pérdida de la biodiversidad biológica, contaminación (por residuales sólidos y líquidos, emanaciones de gases a la atmósfera, desechos peligrosos, etc.), impactos del cambio climático en la franja costera y daños a los bosques.

Con respecto al agua, dice que a la par de asegurar la disponibilidad, hay que insistir en preservar la calidad y frenar actos mal calculados, como ocurrió al proyectar el asentamiento de Arroyo Seco, donde la laguna de oxidación tenía una vía de drenaje hacia un riachuelo tributario de una presa de reciente construcción.