La Comisión de Reconciliación y Lecciones Aprendidas (CRLA) de Sri Lanka concluyó que el Ejército no mató civiles deliberadamente en la etapa final de la guerra civil, aunque recomendó investigar algunos abusos aislados.

En un informe presentado al Parlamento, la entidad llamó a una solución política de los conflictos posbélicos e instó al Gobierno a tomar la iniciativa y convocar un serio y estructurado diálogo con todos los partidos políticos, en particular a los que representan a los tamiles y otras minorías.

La CRLA investigó los sucesos acaecidos durante la contienda de casi 30 años contra el movimiento separatista Tigres de Liberación del Eelam Tamil, en especial el período 2002-2009, cuando según algunas potencias occidentales, el Gobierno cometió crímenes de guerra y abusos contra la población civil.

Su informe se funda en más de mil presentaciones orales y unas cinco mil alegaciones por escrito, acopiadas entre ciudadanos de origen tamil, exguerrilleros y líderes políticos, civiles y religiosos, en lo que constituyó un estudio transversal de la sociedad en torno a la contienda.

Considerando los hechos y circunstancias de que dispone, la Comisión concluye que las fuerzas de seguridad no apuntaron deliberadamente a los civiles en las zonas de tregua, y que las bajas civiles se debieron al fuego cruzado (del Ejército y los Tigres Tamiles), apuntó el documento.

Aludió también a testigos, según los cuales, efectivos de la Marina mataron a civiles que intentaban escapar de la guerra por mar, y que el Ejército obligó a ciudadanos a recuperar el cuerpo de un soldado muerto en medio de una lluvia de disparos y asesinó a quienes se negaron a cumplir la orden.

La Comisión hace hincapié en la obligación del Estado de investigar más a fondo las circunstancias en que tales incidentes pudieron haber ocurrido y, si esas investigaciones revelan un comportamiento ilícito, perseguir y castigar a los culpables, dictaminó.

Lamentó, asimismo, que pese a los dos años transcurridos desde el final del conflicto, la violencia, la sospecha y el sentido de la discriminación siguen siendo frecuentes en la vida social y política del país.

Fundándose en sus investigaciones y en las lecciones aprendidas, la CRLA tiene encomendado formular recomendaciones atinentes a temas como aplicación de las leyes, preservación de la seguridad, detención de sospechosos, posesión de tierras y otras cuestiones legales, administrativas y socioeconómicas.

Un comité interinstitucional encabezado por el Fiscal General de la nación tendrá la responsabilidad de garantizar la aplicación de las recomendaciones, señaló Prensa Latina.

Estados Unidos y Reino Unido encabezan una campaña internacional para que la ONU investigue las supuestas atrocidades cometidas por los dos bandos en la guerra, que causó la muerte a entre 80 mil y 100 mil personas.