JEAN-GUY ALLARD

El Tribunal Penal Internacional (TPI), fiel servidor de EE.UU., de las potencias europeas y de la OTAN a la hora de perseguir a quien ha molestado los intereses de estos, padece de ceguera crónica al no ver que Washington, mientras denuncia y dice combatir el terrorismo, hospeda en su territorio a connotados autores de crímenes contra la humanidad.

Hace unos días, el Gobierno de Estados Unidos expresó que se comprometía a descongelar el trámite de extradición del expresidente boliviano Gonzalo "Goni" Sánchez de Lozada, solicitado hace más de tres años por el Gobierno boliviano para ser sometido a proceso judicial por actos de genocidio.

Bolivia reclama a "Goni" desde que huyó en octubre del 2003 a EE.UU., donde recibió de inmediato la protección del Departamento de Estado, tras la muerte en la ciudad de El Alto de 67 campesinos en una verdadera masacre que también dejó centenares de heridos.

Hasta ahora, Washington ni siquiera contestaba a las solicitudes de extradición. Tras el reciente "acuerdo marco" entre ambos países para normalizar sus relaciones diplomáticas, la potencia imperial consintió en renunciar a su mutismo criminal y eventualmente a "estudiar el caso". Sin más.

El caso de Sánchez de Lozada es solo uno entre muchos de protección otorgada por Washington a autores de actos de terrorismo de Estado, mientras publica una llamada "lista de patrocinadores del terrorismo", que utiliza para difamar a quien se niega a arrodillarse ante su poder hegemónico.

UN CASO SATURADO DE PRUEBAS

En Caracas, cajas y cajas de documentos conservados en los archivos de la Fiscalía nacional demuestran la absoluta culpabilidad de Luis Posada Carriles como autor intelectual, junto al fallecido Orlando Bosch, de la destrucción en pleno vuelo del avión cubano en 1973, que provocó la muerte de 76 personas. Un crimen ocurrido mientras George Bush padre era jefe de la CIA, y comparable con el atentado aéreo de Lockerbie, cuando el mismo Bush era vicepresidente de EE.UU. encargado de seguridad nacional, y del cual se acusara a Libia...y a la CIA.

EE.UU. no solo sigue negándose a enjuiciar por terrorismo o a extraditar a Posada, a pesar de las repetidas solicitudes presentadas por Venezuela, sino que sus funcionarios, encabezados por el activista de extrema derecha Roger Noriega, le fabricó un caso judicial que propició su virtual absolución de sus crímenes por un jurado tejano.

En toda América, la responsabilidad de EE.UU. en actos terroristas es proporcional a la actividad de sus servicios de inteligencia. La CIA mantiene desde hace décadas en Miami una verdadera base de operaciones, auténtico vertedero de sicarios desde que se gastó, en los años 60, cientos de millones en operaciones de inteligencia y terrorismo destinadas a destruir a la Revolución cubana.

A la tropa de veteranos cubanoamericanos de la dictadura de Fulgencio Batista, se ha sumado en el curso de los años un número indeterminado de "refugiados políticos" procedentes de regímenes dictatoriales latinoamericanos, cuya paternidad Washington se niega a reconocer.

A título de ejemplo, ahí está Michael Townley, exagente de la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet y asesino confeso del excanciller chileno Orlando Letellier. Towney fue quien dirigió la operación criminal ejecutada por cubanoamericanos, luego indultados por George Bush hijo.

También vive en Miami Roberto Guillermo Bravo, militar argentino que se encargó de rematar a 16 jóvenes revolucionarios en lo que después se llamó la Masacre de Trelew. Los tribunales de la ciudad mafiosa siempre encontraron la vuelta para proteger a este asesino de una eventual extradición, al país donde sus cómplices tuvieron que responder por sus crímenes.

MIAMI, SANTUARIO DE CONSPIRADORES

Fue en Miami donde se conformó el intento de golpe de Estado contra el presidente ecuatoriano Rafael Correa. Siguen protegidos allí los conspiradores del asesinato del fiscal venezolano Danilo Anderson, ejecutado con una bomba bajo su vehículo.

En Miami están hospedados y protegidos por el Departamento de Estado, golpistas como Joaquim Chaffardet —exrepresor de la DISIP asesina— y el golpista Salvador Romani.

El 11 de julio pasado, cuatro senadores demócratas estadounidenses enviaron una carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en la que solicitan al gobierno de Barack Obama que ubique a uno de los asesinos que encontraron refugio en EE.UU., en el caso de los seis jesuitas ejecutados en El Salvador.