GUATEMALA, 15 diciembre.— En nombre del Estado de Guatemala, el
presidente Alvaro Colom reconoció hoy la culpa y pidió perdón por
una masacre cometida por el Ejército en 1982 durante el conflicto
armado interno (1960-1996).
Un acto en el Palacio Nacional de la Cultura sirvió para ello en
referencia a la matanza de 201 personas en la parcela Las Dos Erres,
La Libertad, norteño departamento de Petén, perpetrada por las
fuerzas de elite castrenses kaibil.
Colom aseguró que aún faltan por aclarar más de 400 masacres
contra poblaciones indígenas y sectores vulnerables durante aquel
periodo.
El mandatario destacó la importancia del esclarecimiento de estos
casos para fortalecer el sistema de justicia y la reconciliación
nacional.
La celebración de esa ceremonia fue parte del cumplimiento de la
sentencia de solución amistosa dictaminada por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en 2009.
Según la directora de la Comisión Presidencial Coordinadora de la
Política en Materia de Derechos Humanos, Ruth del Valle, el fallo
ordena la realización de tres actos públicos simbólicos, como parte
del resarcimiento a las víctimas.
En 2010 se efectuó el primero en la Libertad ante el pozo donde
aquellas personas asesinadas fueron sepultadas, en tanto queda
pendiente la realización en una zona del país donde se cometiera
otra matanza de ese tipo.
La presidenta de la asociación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), Aura Elena Farfán, solicitó
la detención y enjuiciamiento de los autores intelectuales del hecho
en Petén.
Cuatro de los exmilitares participantes entonces fueron
sentenciados en agosto por la justicia, mientras otro espera por el
proceso en su contra.
No es venganza lo que queremos, es terminar con la impunidad,
dijo la titular de Famdegua, agrupación querellante en los juicios
por esas acciones, y solicitó a las próximas autoridades mantener el
compromiso de continuar con el esclarecimiento de otros casos.
Los kaibiles cometieron los asesinatos en Las Dos Erres del 6 al
8 de diciembre de 1982, bajo el régimen de facto del entonces
general Efraín Ríos Mont, a donde llegaron con el supuesto objetivo
de recuperar varios fusiles apropiados por la guerrilla.
Sin embargo, acciones como esa formaban parte de planes
castrenses elaborados para acabar con las bases de apoyo de la
insurgencia entre las poblaciones campesinas, en una política
denominada de tierra arrasada.