La industrialización metalúrgica, la inversión en la producción alimentaria, creación de políticas de empleo y la seguridad ciudadana son debatidas por organizaciones sociales bolivianas en la cumbre que hoy culmina aquí, dio a conocer Prensa Latina.

Medio millar de representantes de instituciones y organizaciones sociales asisten en el Encuentro Plurinacional que concluirá este miércoles, después de discutir sobre desarrollo económico, seguridad y soberanía alimentaria, salarios, empleo y estabilidad laboral, servicios básicos y vivienda, entre otros temas.

El inicio de procesos de fundición y refinación constituyó la propuesta central de la comisión de minería, afirmó el ministro del ramo, José Pimentel.

El proceso de industrialización estuvo paralizado durante 30 años, señaló el titular respecto al diagnóstico que inició el debate del tema.

Se informó a las organizaciones que participan en esta comisión que se espera la concreción de proyectos de fundición y refinación para el próximo año. Asimismo, se prevé la firma de un contrato para habilitar dos refinerías de zinc.

Pimentel detalló que para la ejecución de los proyectos será fundamental la participación del sector privado, aunque recordó se tiene un financiamiento asegurado de mil 300 millones de dólares para esos planes.

Según el viceministro de Desarrollo Rural, Víctor Hugo Vázquez, la comisión de Tierra y Seguridad Alimentaria planteó que los municipios inviertan más recursos económicos para la producción de alimentos.

Las discusiones de esta comisión se centraron en seis puntos relevantes: producción, tierra, riego, mecanización, inversión para el sector productivo, transformación e industrialización y apertura de mercados.

Para el funcionario, los pequeños, medianos, grandes productores y empresarios privados solicitaron se exija la misma medida para las gobernaciones.

En otros temas, organizaciones económicas campesinas indígenas y originarias pidieron una ley para prohibir "la extranjerización de tierras" en Bolivia, afirmó su principal representante, Carlos León.

El Gobierno realiza la titulación del 64 por ciento de 2,9 millones de hectáreas de tierras cultivables, pero 13 por ciento es obtenida por extranjeros, explicó. Una investigación del sector estableció que por lo menos un millón de hectáreas de soya están en manos de 200 a 300 brasileños, argentinos, menonitas y japoneses, entre otras nacionalidades.

Precisó León que los extranjeros no pagan impuestos por la tierra ni tampoco tienen retenciones por utilidades, mientras se benefician del subsidio del diesel.

Asimismo, empresarios, analistas y académicos coinciden en forjar resultados dirigidos a crear más empleos y mejorar los ingresos de los bolivianos.

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Daniel Sánchez, señaló que la meta común es consolidar una mejor economía y producción, así como mayor cantidad de empleos.

Por su parte, el analista económico Julio Alvarado calificó de positivo ese encuentro, subrayando que lo más importante es lograr un pacto entre todos los bolivianos para terminar de sacar al país de la pobreza.

Para la rectora de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Teresa Rescala, este evento debe sumar actores y propuestas que permitan mejorar la calidad de vida de los bolivianos, priorizando la generación de empleos.

La UMSA gradúa alrededor unos cuatro mil profesionales al año. Ellos requieren espacios laborales igual que los profesionales de otras universidades del país. Por lo tanto, es urgente pensar en políticas de empleo, sustentó.