SHEYLA DELGADO GUERRA

El irrespeto a las relaciones contractuales en el sector agropecuario no es un fenómeno nuevo en Cuba, y eso es —justamente— lo más preocupante.

“Debemos incrementar la observancia y la exigencia”, dijo Orlando Lugo Fonte, presidente de la ANAP.

Producciones contratadas "en papeles" que no se les compran luego a los campesinos, empresas que no efectúan los pagos —con los productos ya en sus almacenes— después de vencido el tiempo fijado para su liquidación, de la misma forma que hay productores que no cumplen sus compromisos y utilizan paquetes tecnológicos en otros menesteres. Tal es la situación, y aunque se trabaja, continúa siendo una "asignatura" pendiente —a resolver con urgencia— de nuestra agricultura.

CONTRATACIÓN VS. ESPECULACIÓN

Durante mucho tiempo, en nuestro país primaron los contratos verbales entre productores y empresas que después dejaron de cumplirse, lo que dio margen a que, en múltiples ocasiones, se violaran los pagos correspondientes por parte de las entidades, al presentar estas últimas problemas financieros.

Para subsanar esta dificultad se pasó entonces a la firma contractual, mediante la cual cada una de las partes involucradas (empresa y productor) reconocen los volúmenes de productos a contratar, los precios, las formas y el plazo para efectuar el pago, entre otras precisiones.

No obstante, las violaciones continúan. Sus causas varían y tienen enfoques objetivos —coyunturas financieras adversas en las entidades— y subjetivos —irresponsabilidad, falta de sentido de pertenencia¼ Y hay casos de productores que incumplen con las contrataciones, tratando de obtener mayores dividendos, aunque el fenómeno se muestra con mayor fuerza por parte de las empresas.

Como afirmó a Granma Orlando Lugo Fonte, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), hay que mantener una estricta disciplina en el cumplimiento de los contratos para evitar consecuencias peores.

¿Qué se está haciendo para revertir esta situación? ¿Cuál es la posición de la ANAP respecto a quienes violen los contratos?

"Actualmente estamos trabajando —en conjunto con el Ministerio de la Agricultura (MINAG)— en la aprobación e implementación de una estrategia para erradicar las deficiencias en el cumplimiento de las relaciones contractuales. Se trata de las Políticas y procedimientos para la contratación de la producción agropecuaria y forestal, que entrarán en vigor a partir del 2012. Además, se realizó una modificación a la Resolución 353, del Ministerio de Finanzas y Precios, que estipula los precios de los productos a contratar. Nuestra posición es que se debe ser implacable y sancionar a quienes no acaten lo establecido, de una y otra parte. Por eso, debemos incrementar la observancia y la exigencia", señaló.

Está claro que la rama agropecuaria no puede dar brecha a la improvisación o a la especulación. De ahí la necesidad de firmar contratos que se ajusten a las posibilidades reales de los productores y, sobre todo, a la demanda de sus productos mediante una adecuada planificación.

"La violación de los contratos tiene sus fundamentos en la poca exigencia y el descontrol existentes en muchos lugares; cuando estos se firman hay que cumplirlos, y quienes no lo hagan tendrán que asumir su responsabilidad", sentenció el General de Ejército Raúl Castro Ruz. Y en función de eso hay que trabajar.

¿QUIÉN LE PONE EL "CASCABEL" A LOS IMPAGOS?

"La historia de los impagos no se conocía en Cuba hace varias décadas atrás. Era inconcebible que a un campesino se le comprara su producción y no se le pagara. Esto comenzó a partir del agravamiento de problemas financieros en empresas que no tenían flujo de caja o capacidad de compra y entonces adquirían las producciones de los campesinos, demorando en pagarles", recordó Lugo Fonte. Lógicamente, los productores empezaron a quejarse y se analizó el asunto hasta llegar a la conclusión de que era necesario establecer una norma que permitiera decir cuándo un pago se efectuaba en término o fuera de este, pues tampoco podía venderse un volumen determinado de productos un día y al siguiente reclamar el pago, sin tener en cuenta determinados mecanismos empresariales que necesitan cierto margen de tiempo.

En un acuerdo del MINAG, la ANAP y el otrora Ministerio del Azúcar —hoy Grupo Azucarero—, que fue aprobado en la Resolución 245 del Banco Central de Cuba, se decidió establecer un plazo de 30 días para pagarles a los productores. Y así empezó a funcionar, aliviando un poco la situación; pero como siguieron las dificultades de capital a nivel de empresa, el término fijado para liquidar esas deudas continuó incumpliéndose.

"La situación se agudizó a tal punto que tuvimos que buscar mecanismos más ágiles para evitar el atraso en las cuentas por pagar", explicó Lugo.

Se creó entonces, el llamado "fondo reenvolvente, que consistía en una suma de dinero depositada por el Estado en el Banco para que aquellas empresas deficitarias de flujo de caja solicitaran un crédito y pudieran comprarles a los campesinos. El plazo para que esas entidades pagaran dicho crédito al Banco era, inicialmente, de 90 días y luego de 180.

Esto posibilitaba que las empresas pidieran un crédito de acuerdo con el monto total de la producción a comprar y así le pagaran en tiempo a los campesinos, pero al estar esa empresa descapitalizada —antes de pedir el préstamo y después de vencido el plazo—, adquiría deudas con el Banco también y se creaba así una cadena de impagos.

"Seguimos analizando y buscamos otra fórmula: el llamado pago por factura, mecanismo mediante el cual la empresa y la cooperativa legalizan una firma por cada parte, y ambas se registran en el Banco. Entonces la empresa hace una factura por el valor de la compra al productor o a la cooperativa, y la persona autorizada va a la sucursal bancaria, la que hace efectivo el dinero", argumentó.

Así, el fenómeno no se presentaba ya entre el productor y la empresa, sino entre esta y el Banco, pero llegó un momento en que se agudizó tanto el problema, que quien se quedó con la deuda fue este último, en lugar de la entidad.

En el mes de octubre existían alrededor de 6 millones de CUP correspondientes a cuentas por pagar en este sector, los que se fueron saldando en los primeros días de noviembre. Y si bien hoy el promedio mensual —entre 2,5 y 3 millones de pesos— no es alarmante en relación con el monto de pesos que se factura cada mes y aun cuando este año se ha comportado mejor en comparación con los anteriores (hubo algunos con débitos de alrededor de 50 millones de pesos en un mes), todavía persisten serias dificultades que demandan soluciones más factibles.

"Debemos tener presente que contamos con 400 mil campesinos y 3 500 cooperativas en el país —entre las de Producción Agropecuaria (CPA) y las de Crédito y Servicios (CCS)— y, por otro lado, hay muchas empresas que trabajan con subsidios del Estado, no se autofinancian y no tienen otros ingresos, por lo que se crea un fenómeno complicado", afirmó Lugo.

Explicó además que, por la prioridad de este tema, mensualmente se realizan en todos los municipios del país las llamadas Reuniones de Conciliación de Impagos y luego, las reuniones conjuntas con el MINAG para analizar el comportamiento de las cuentas por cobrar y por pagar, y buscar alternativas.

La menor violación contractual hace que se acumulen progresivamente las liquidaciones fuera de término y, por consiguiente, no solo se afecta el proceso productivo, sino que se presta además para nocivas conductas de corrupción. También se atenta contra el lineamiento 10 del capítulo I "Modelo de gestión económica", referido a la exigencia en la calidad del proceso de negociación, elaboración, firma, ejecución y control de los contratos "como instrumento esencial para la gestión económica".