Uno de los líderes de una protesta regional contra un proyecto minero aurífero que derivó en una crisis política en Perú, aceptó hoy el anuncio gubernamental de someter el tema a un peritaje internacional.

El presidente regional (gobernador) de la región norandina de Cajamarca, Gregorio Santos, dijo estar de acuerdo con un análisis internacional al estudio de impacto ambiental del proyecto Conga, anunciado por el nuevo primer ministro, Óscar Valdés. Valdés hizo el anuncio tras jurar el cargo anoche y precisó que ese paso será imparcial y técnico y es necesario porque la población de Cajamarca no confía en la empresa del proyecto, que encargó el estudio, ni en el Ministerio de Energía y Minas, que lo aprobó.

Santos recordó que propuso esa salida desde el inicio de una huelga en Cajamarca, en noviembre último, que la semana derivó en la declaración del estado de emergencia en esa región, tras lo cual renunció el primer ministro, Salomón Lerner.

La crisis determinó los nombramientos de Valdés y de diez nuevos ministros y Santos comentó que ha tenido que pasar todo eso, para llegar a la conclusión de que tiene que revisarse el estudio de impacto ambiental, como pedían las organizaciones sociales.

El peritaje formaba parte de los acuerdos avanzados por Lerner y los dirigentes de la huelga hace ocho días, sin que llegaran a firmarlos, porque los líderes sociales pidieron tiempo para consultar a sus bases.

El gobernador demandó por otra parte el levantamiento del estado de emergencia, que conlleva severas medidas de orden público, y el desbloqueo de las cuentas de su administración intervenidas por el Ministerio de Economía.

El nuevo ministro del Ambiente, Manuel Pulgar, dijo que la medida permitirá decidir si el proyecto Conga es viable, algo que cuestionan los dirigentes regionales, que temen destruya fuentes vitales de agua.

Pulgar Vidal reemplaza a Ricardo Giesecke, quien planteaba revisar el estudio por haberle hecho el Ministerio del Ambiente decenas de observaciones y entró en contradicción con el titular de Energía y Minas, Carlos Herrera, quien defendía el documento.

El reemplazante de Herrera, Jorge Humberto Merino, apoyó también el peritaje y anunció una política de diálogo con las comunidades, que deben recibir beneficios de las actividades mineras, informó PL