Lavado de dinero y tráfico de armas, dos cuestionadas operaciones hechas por agencias de inteligencia estadounidenses relacionadas con la integridad de México, fueron realizadas con desconocimiento del gobierno de este país.

Además, ambas acciones, en vez de realmente cumplir con su objetivo de combatir al narcotráfico, lo fortalecieron con armamento y fortuna, de acuerdo con fuentes estadounidenses.

La más recientemente conocida de estas es el lavado y contrabando de millones de dólares de narcotraficantes mexicanos por parte de la Administración Federal Antidrogas (DEA), lo cual fue revelado hace unos días por el diario The New York Times.

Hasta ahora, afirmó el rotativo estadounidense, hay pocas señales de que el seguimiento del dinero haya afectado las operaciones de los cárteles y que los narcotraficantes mexicanos estén sintiendo un castigo financiero serio.

La vocera de la Presidencia de México, Alejandra Sota, declaró al canal Univisión que su gobierno desconocía tal operación de lavado y contrabando de dinero ejecutado por la DEA.

Incluso se supo que esa actividad por parte de la agencia de Estados Unidos data desde 1984, cuando el gobierno de Ronald Reagan.

Según un artículo difundido por el periódico The Houston Chronicle, se calcula que solo durante la administración Reagan los agentes de la DEA lavaron decenas de millones de dólares.

La otra operación desconocida por México, de acuerdo a también declaraciones de su gobierno, fue Rápido y Furioso, la cual permitió la entrada a territorio nacional de unas dos mil 500 armas que llegaron a manos del narcotráfico.

Rápido y Furioso, igualmente revelada por The New York Times, se realizó entre noviembre del 2009 y enero del 2011 por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

Un antecedente de ésta fue la denominada Receptor Abierto, en la cual autoridades estadounidenses posibilitaron igualmente el envío de armas a delincuentes mexicanos.

Realizada en los años 2006 y 2007, Receptor Abierto dejó que alrededor de otras 500 armas se vendieran a traficantes y cruzaran la frontera.

De acuerdo con el senador republicano Charles Grassley, inclusive funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos estaban al tanto de esa operación.

A esto se suma que la mayoría del armamento de alto poder de fuego que poseen los grupos delictivos mexicanos lo obtienen del contrabando procedente de Estados Unidos.

La División Anticrimen del Departamento de Justicia del país vecino admitió que, en los últimos cinco años, el 70 por ciento de las 94 mil armas confiscadas a la delincuencia mexicana fueron vendidas por armerías estadounidenses.

En ese tiempo se calcula la muerte de unas 50 mil personas en la ola criminal que inunda el país. Una de sus causas es la posesión de esas armas en manos de la delincuencia.

Entre esos instrumentos de muerte se incluyen fusiles, ametralladoras, granadas, bazucas y hasta lanza cohetes.

El gobierno de México, asimismo, ha llamado al de Estados Unidos para que intensifique su combate a ese contrabando de armamentos, utilizado por el crimen organizado. Sin embargo, no hay muestra visible de que haya disminuido.

Diversos sectores políticos y sociales mexicanos critican y rechazan frecuentemente esas acciones de las entidades estadounidenses, las cuales laceran la soberanía de su país.