La Corte Suprema de Estados Unidos accedió este lunes a revisar
la controvertida ley migratoria de Arizona SB1070 pese a que esta
aún enfrenta demandas en tribunales federales de menor categoría.
La normativa, pionera en las medidas adoptadas por los estados
alegando la falta de respuesta del gobierno federal a la situación
migratoria, es demandada por el gobierno de Barack Obama, reporta
Prensa Latina.
La SB1070 impulsó a gobiernos de los estados de Alabama, Carolina
del Sur y Utah a aplicar acciones punitivas contra los inmigrantes,
lo cual destapó airadas protestas de la Casa Blanca, activistas
proinmigrantes y hasta de gobiernos extranjeros, en especial
latinoamericanos.
Ahora el Supremo debe decidir si la legislación de Arizona, que
criminaliza la presencia de inmigrantes indocumentados en el estado,
choca con las leyes federales.
Hasta ahora, tribunales federales bloquearon muchas partes de su
contenido con el argumento de que afecta la autoridad federal en
materia de inmigración.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos en
San Francisco bloqueó la aplicación de partes de la ley en abril
luego de su aprobación el 20 de ese mes.
El documento de Arizona permite a la policía arrestar a personas
sin orden judicial si tienen causa probable para creer que son
sospechosos de delitos que les harían deportables bajo la ley
federal.
Al igual que en Arizona, iniciativas de otros estados permiten a
la policía verificar el estatus migratorio de las personas
sospechosas de encontrarse de manera indocumentada en el país.
Según la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, ese fue el único
camino que tuvo su estado para decir que "ya no esperaremos
pacientemente hasta que el Gobierno Federal tome acción".
La Constitución estadounidense da al Congreso la facultad de
"establecer un régimen uniforme de naturalización."
Según trascendió la jueza Elena Kagan indicó que no participaría
en el caso, probablemente porque ella trabajó en la medida como
procurador general.