Autoridades y organizaciones de derechos humanos de El Salvador rindieron hoy homenaje a las víctimas de la masacre de El Mozote, una de las matanzas más atroces cometidas por el Ejército durante el conflicto armado (1980-1992).

Durante una operación de tierra arrasada, los militares del batallón Atlacalt asesinaron a casi mil personas, entre ellas más de 400 niños, entre el 10 y 13 de diciembre de 1981, en ese caserío y otros del norteño departamento de Morazán.

En un acto celebrado en el lugar, sobrevivientes relataron que los pobladores, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, prefirieron permanecer en sus viviendas por el temor de ser confundidos con guerrilleros por los soldados.

Las víctimas, entre ellas una embarazada, fueron torturados, abusadas e izados con bayonetas. Otros fueron encerrados en la ermita de la Iglesia y quemados, recuerda hoy el diario digital La Página.

El acto fue también para recordar el Aniversario 63 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la comunidad internacional el 10 de diciembre de 1948, señala una nota de prensa de la Cancillería.

La ceremonia de conmemoración fue organizada por el Sistema de Naciones Unidas en El Salvador, la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), precisa en su página de internet.

En un discurso, el canciller Hugo Martínez retomó el mensaje del presidente, Mauricio Funes, en ocasión del aniversario 18 de los Acuerdos de Paz de 1992, en el que reconoció la responsabilidad del Estado en las graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto.

El mandatario pidió entonces perdón a las miles de víctimas inocentes de la represión.

A diferencia del pasado, nuestra postura de Gobierno es ahora reconocer plenamente la dignidad y derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, como es el caso de las víctimas de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños, aseguró Martínez.

Añadió que la labor de reconocer la verdad y reparar a las víctimas es tarea del Estado en su conjunto, incluidos el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República.