En la apertura de la esperada sesión plenaria, Nkoana-Mashabane pidió que las representaciones que dieran su visto bueno a cuatro documentos, y para ello echaran a un lado sus intereses nacionales con el objetivo de salvar el planeta, reporta Prensa Latina.

La ministra consideró que los documentos eran un buen resultado luego de dos semanas de negociaciones, que debieron concluir la víspera, pero se extendieron hasta esta noche y amenazan con seguir en la madrugada en búsqueda del consenso.

El paquete en su conjunto es integral, equilibrado y creíble, alegó la diplomática, al tiempo que consideró que no se debía permitir que lo perfecto sea enemigo de lo bueno y lo posible.

Nkoana-Mashabane dijo que la ausencia de un acuerdo luego de tantos días de trabajo sería un retroceso en los esfuerzos internacionales para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero.

"Este sistema multilateral sigue siendo frágil y no sobreviviría a otro shock", exclamó, tras informar que mientras hablaba se estaban imprimiendo los documentos que serían puestos a consideración de las delegaciones. La ministra levantó la sesión para el análisis de los textos.

Según la canciller, uno de los documentos extiende la vida del Protocolo de Kioto.

El proyecto de decisión presentado la víspera supone un compromiso de sentarse a conversar el venidero año un acuerdo que esté listo en 2015 para tener "un nuevo marco legal aplicable para todos" alrededor de 2020.

Además de esos tecnicismos y lenguaje retórico, el borrador no incluye una enmienda al Anexo B del Protocolo de Kioto con nuevas metas de mitigación de los gases de efecto invernadero bien precisas para los países industrializados, máximo reclamo de las naciones subdesarrolladas en esta cita.

Las cifras aparecen reflejadas como "pledges" (promesas), pero no en forma de obligaciones cuantificadas del Protocolo, el único instrumento vinculante que tiene la comunidad internacional para fiscalizar el control de las metas de emisiones.

El Protocolo de Kioto fue suscrito en 1997, ratificado por 156 países y luego rechazado por dos de los principales contaminantes del mundo, Estados Unidos y Australia.