La Alianza Pro Justicia,que agrupa a 10 organizaciones de la sociedad civil, cuestionó a dos magistrados designados por el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, por sus altos niveles de dependencia del Ejecutivo, informó Prensa Latina.

En un comunicado de prensa que circula hoy, la agrupación dijo esperar que la Asamblea Nacional rechace el nombramiento del Consejo de Gabinete del martes 29 de noviembre de 2011 de Luis Ramón Fábrega Sánchez y Hernán de León Fuentes como magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

La Alianza, apoyada por otras cinco organizaciones sociales, entre ellas Conciencia Ciudadana, Voces Ecológicas y Fundación pro Víctimas del Crimen, recordó un caso semejante en 2009 cuando el Ejecutivo impuso a Alejandro Moncada Luna como magistrado de la Sala Tercera.

Dos años después, agrega, impone el nombramiento de Fábrega Sánchez cuestionado por su vinculación directa con el presidente al ser hermano de la viceministra de la Presidencia.

"Lo anterior crea un ambiente de desconfianza en torno a la efectividad de este Tribunal de Justicia, al cual le corresponde enfrentar las arbitrariedades administrativas en el ejercicio del poder, especialmente, del Poder Ejecutivo", señala el grupo.

La Alianza también cuestiona el nombramiento de Hernán de León Fuentes como magistrado de la Sala Primera de lo Civil por ser un funcionario con mando jurisdiccional del Ejecutivo ya que es magistrado presidente del Tribunal Administrativo Tributario desde febrero de 2010.

En tal sentido, dice el comunicado, con el nombramiento se viola el artículo 203 de la Constitución que dice que no podrá ser nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia quien ejerza o haya ejercido cargos de esa naturaleza.

El grupo llamó a todos los ciudadanos para que sean vigilantes de la actuación de la Corte y su Sala Tercera, y a unirse en contra del control total de la administración de Justicia en Panamá por parte del Ejecutivo.