La XVII conferencia ambiental de Naciones Unidas sobre cambio climático recesó hoy sus sesiones, luego de una semana en la que no pudo mostrar resultados para salvar la salud del planeta.

Hasta cerca de la medianoche del sábado, los grupos contacto y otros espacios de negociación a nivel bilateral y de bloque mantuvieron las pláticas, dirigidas a reajustar posiciones en búsqueda del consenso.

"Tratamos de precisar hasta dónde apretamos y cuándo cedemos en función del objetivo final", comentó a Prensa Latina una experimentada diplomática.

Aunque se han producido algunos avances en asuntos de procedimientos y otros mecanismos de la Convención y del Protocolo de Kioto, continúa la incertidumbre sobre cuál será el epílogo de esta cita que encara dos grandes desafíos: el segundo período de compromisos del pacto de Kioto y la puesta en operación del Fondo Verde del Clima.

La víspera, el Comité de Transición a cargo del funcionamiento del fondo no logró aunar posiciones en torno al informe que presentó esta semana, el cual tiene vientos en contra tanto de países industrializados como naciones en desarrollo.

Delegados de países subdesarrollados se negaron a aceptar el dictamen desde un primer momento, porque no había existido un debate previo en el cual se escucharan las inquietudes de las partes.

Consideraron que el fondo, tal y como se había concebido, carece de personalidad jurídica y no ofrece claridad sobre el acceso directo de los Estados más vulnerables a una rápida financiación.

Tampoco está definido cuál será el papel de las autoridades nacionales designadas para esa financiación.

El texto también fue rechazado por Estados Unidos, cuya delegación alegó otras razones.

En esencia, Washington se opuso al documento porque pretende separar al Fondo Verde del Clima de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático. Su intención es que el mecanismo de financiación sea totalmente independiente.

Referente a las negociaciones sobre el Protocolo de Kioto, los países desarrollados mantuvieron los tradicionales discursos, marcados por condicionamientos.

La Unión Europea, incluso naciones del Viejo Continente que no integran ese bloque, se muestran favorables a adoptar aquí el segundo período de compromisos, si en esta cita se define una hoja de ruta para negociar un nuevo marco legal de enfrentamiento al cambio climático, en el cual no sólo se incluya a los países industrializados.

Ello significaría un nuevo instrumento jurídico, al que tratarían de arrastrar naciones emergentes como China, India, Brasil y Suráfrica, entre otras.

Japón, cuyo territorio paradójicamente sirvió de sede al nacimiento del Protocolo de Kioto, ratificó su decisión de no formar parte de un nuevo capítulo del pacto, aunque sí beneficiarse de los mecanismos de flexibilidad del texto, que le abren puertas en el mercado de carbono.

A Durban llegó esta semana la noticia sobre la decisión del gobierno de Canadá de retirarse del acuerdo en diciembre de 2011, en consonancia con la postura de Estados Unidos, que nunca lo ratificó.

Inmersas en este escenario tan adverso para extender el Protocolo, se mantienen en la mesa de negociación propuestas de objetivos cuantificados de reducción de emisiones en los países desarrollados, metas que de ser aceptadas, darían cuerpo al segundo período de compromisos de Kioto.

Quedaría por definir cuán largo será ese plazo, de qué manera cuantificar las unidades que se dejaron de emitir durante el primer capítulo del Protocolo y otros detalles de las decisiones a adoptar en Durban, que permanecen a la espera de las posturas políticas de las partes.

La semana próxima debe comenzar el segmento de alto nivel, con la presencia de ministros y otros representantes gubernamentales, fase en la cual se irán dilucidando algunos temas a nivel bilateral y de bloque, espacio donde en muchos casos se adoptan las verdaderas decisiones de estos foros.

El Protocolo de Kioto fue suscrito en 1997, ratificado por 156 países y, luego rechazado por dos de los principales contaminantes del mundo, Estados Unidos y Australia.

En esencia establece el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en una media del 5,2 por ciento con respecto a los niveles de 1990, aunque en su anexo B precisa metas cuantificadas de mitigación por cada país.