Fue
un día como hoy, hace 35 años, en el teatro Carlos Marx.
Transcurrían las últimas semanas del Año del XX aniversario del
Granma y con él concluían meses de intenso trabajo que involucró a
todo el pueblo en la implementación de las profundas
transformaciones institucionales acordadas a finales de 1975 en el
Primer Congreso del Partido, y sustentadas en el primero de sus
actos: la proclamación de la Constitución de la República el 24 de
febrero de 1976, votada afirmativamente unos días antes en masivo
referendo por el 97,7 % de los electores cubanos.
En
unas horas, tras el cumplimiento de los trámites procesales
legislados, los primeros 481 diputados de la Revolución dejaron
instalada la Asamblea Nacional del Poder Popular, eligieron a su
dirección, encabezada por el inolvidable Blas Roca Calderío y a los
miembros del Consejo de Estado, entre otras responsabilidades.
Fidel, hasta ese momento Primer Ministro del Gobierno
Revolucionario y ya investido como Presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros, anunció, desde los primeros minutos de su
discurso clausura aquel día:
"En este acto trascendental e histórico, del cual todos somos
testigos vivientes, cesa el período de provisionalidad del Gobierno
Revolucionario y adopta nuestro Estado socialista formas
institucionales definitivas. La Asamblea Nacional se constituye en
órgano supremo del Estado y asume las funciones que le asigna la
Constitución. Era un deber y es a la vez un gran triunfo de nuestra
generación arribar a esta meta."
Con esta sesión solemne cerraba un ciclo de ejercicio democrático
del poder del pueblo, iniciado de forma masiva y entusiasta con la
nominación y elección de los candidatos a delegados a las asambleas
locales del Poder Popular y la constitución de estas en los entonces
169 municipios y 14 provincias del país, de acuerdo con la nueva
división político-administrativa, como parte sustantiva del proceso
de institucionalización de la Revolución.
La Asamblea Nacional se erigía a la par en cumbre y cimiento del
sistema del Poder Popular, sobre el que descansa la voluntad
soberana de la ciudadanía y a la que han de llegar, en la voz y
acción de quienes la representan, sus intereses, aspiraciones,
inquietudes y problemas.
"Estos representantes del pueblo, precisó Fidel en aquella
memorable jornada, no reciben remuneración alguna por su condición
de diputados. Tampoco ejercen el cargo sin el control de sus
conciudadanos. Su representación es revocable en cualquier instante
por los mismos que los eligieron. Ninguno estará por encima de la
ley, ni del resto de sus compatriotas. Sus cargos no entrañan
privilegios sino deberes y responsabilidades."
Han transcurrido siete lustros y con algunos cambios electorales
trascendentes, como el acontecido en 1993 que llevó a la elección de
diputados y delegados provinciales por el voto libre, directo y
secreto del electorado, el órgano supremo del poder del Estado
transita por su VII Legislatura, constituida el 24 de febrero del
2008.
Es imposible asumir cualquier recuento y mucho menos esta última
fecha, sin mencionar a Fidel, quien días antes anticipara en un
mensaje a sus compatriotas lo que, aún a sabiendas, queríamos
eludir: su decisión de no aspirar ni aceptar el cargo de Presidente
del Consejo de Estado.
Vale añadir, como mínimos detalles, el extraordinario valor que
siempre concedió a la Asamblea Nacional, la que acogió como
escenario por excelencia para abordar con transparencia y franqueza
los asuntos más cruciales y candentes de la actualidad nacional e
internacional.
Sus actuales 614 diputados encaran desafíos similares a los de
sus antecesores de 1976: continuar fortaleciendo la Revolución en un
momento histórico que exige ser dialécticos y creadores, trabajar en
el constante perfeccionamiento de la institucionalidad como uno de
los pilares de la invulnerabilidad de la Revolución en el orden
político y hacer más eficiente la gestión del Gobierno, tal y como
sentenció Raúl, a poco de ser elegido Presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros.
Su intervención entonces, y en las que con posterioridad ha
clausurado sus sucesivos períodos ordinarios de sesiones, también
han sido el espacio en que tal vez como ningún otro, ha empleado
para transmitir al pueblo sus innumerables apreciaciones del
complejo acontecer cotidiano y las alternativas para enfrentarlo,
con claridad meridiana y llamando a las cosas por sus nombres, con
escasos reconocimientos —no acostumbra a ello— y sí con argumentados
señalamientos críticos, sin obviar las limitaciones objetivas y la
plena conciencia de los enormes esfuerzos que requiere fortalecer la
economía.
La Asamblea Nacional —y todo el sistema del Poder Popular— tiene
ante sí el enorme reto de corregir distorsiones y retomar los
fundamentos que hagan de su funcionamiento el más democrático
sistema de gobierno.