Por segundo día consecutivo el Parlamento indio suspendió hoy las sesiones de invierno por la vehemencia con que los legisladores de la oposición expresaron su descontento ante el manejo de temas como la inflación y la corrupción, advirtió Prensa Latina.

De nuevo la carestía de la vida empalmó a los partidos de todos los signos políticos, que encabezados por los de izquierda, exigieron al gobierno un freno a la espiral inflacionaria de dos dígitos, cuyos efectos agobian con mayor crudeza a los segmentos sociales de menores recursos.

También masivas fueron las protestas a favor de que la gobernante Alianza Progresista Unida siga el rastro a los miles de millones de dólares que, según fuentes acreditadas, están depositados clandestinamente en bancos extranjeros.

Según la oposición, el dinero negro es una de las expresiones del clima de corrupción imperante en la India y que le impide al país hacer valer su pujanza económica y transitar con fluidez hacia un estado de prosperidad. Con un carácter más regional, pero similar energía, los legisladores de Andra Pradesh exigieron atención a dos de sus más caras reivindicaciones: la creación del nuevo estado de Telangana, independiente de aquel y mejores precios para el algodón.

En esa y otras vecinas regiones, acuciados por las deudas, cientos de productores de la fibra se han suicidado en lo que va de año.

La segunda fecha de las maratónicas sesiones invernales del Parlamento se extenderán hasta el 21 de diciembre también estuvo marcada por el boicot al ministro del Interior, P. Chidambaram, cada vez que fue invitado a hablar sobre uno u otro tema.

Los abucheos y pedidos de renuncia a Chidambaram estuvieron encabezados por el Partido Bharatiya Janata (BJP), principal de la oposición, que lo vincula a una multimillonaria estafa en la asignación de licencias de telefonía móvil, cuando estaba al frente de la cartera de Finanzas.

En su último período de sesiones del año, el Legislativo indio se propone debatir una treintena de proyectos de ley.

Entre los más litigados destaca el referido a la creación de una oficina anticorrupción autónoma y con alcance sobre todas las figuras públicas, incluido el primer ministro.

Otras iniciativas tienen que ver con seguridad alimentaria, compra de tierras, fondos de pensiones, lavado de dinero, comercio electrónico, protección al consumidor, rendición de cuentas del gobierno y reparación de agravios.