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Redimensionamiento de la Agroindustria Azucarera
Bajan los costos, mejora la organización
Nace una Organización Superior de Dirección
Empresarial en sustitución de un Ministerio que desempeñaba
fundamentalmente funciones empresariales; 178 unidades en el sistema
azucarero se reducen a solo 26; en el tratamiento a los trabajadores
se ratifica que nadie quedará desamparado
SHEYLA DELGADO GUERRA, JUAN VARELA PÉREZ Y ANNERIS IVETTE
LEYVA
Hacía ya un tiempo que las moliendas de las zafras cañeras no
alcanzaban a "edulcorar" como se pretendía el aporte neto a la
economía nacional.
Central
Jesús Rabí, de Matanzas, dará inicio a la zafra 2011-2012.
Un crítico decrecimiento de la producción de la gramínea,
deficiencias en el manejo y uso de los suelos y las plantaciones,
estructuras empresariales incompatibles con los resultados de la
actividad, desbalance entre el personal directo e indirecto, y un
desaprovechamiento de la jornada laboral, figuraban entre las causas
fundamentales del incumplimiento de los planes, conllevando a que la
producción de azúcar y sus derivados —energía eléctrica, alcoholes,
alimento animal—, quedaran muy por debajo de las necesidades del
país.
Sin embargo, la centenaria tradición de Cuba en el cultivo y
procesamiento de la caña de azúcar, su histórico peso como uno de
nuestros rublos exportables por excelencia y la importancia de sus
derivados, determinaron que desde hace varios meses se trabajara en
la idea de un redimensionamiento de su sistema organizativo que
impactara positivamente en la eficiencia, y que estuviera a tono con
la voluntad de perfeccionar, funcional y estructuralmente, las
distintas instancias de los organismos de la administración central
del estado y los sistemas empresariales.
En el análisis del gobierno, se llegó a la conclusión de que el
Ministerio del Azúcar (MINAZ) no cumplía prácticamente funciones
estatales específicas, por lo que era factible conformar un sistema
empresarial más aligerado en sus estructuras y con mayores
condiciones para, a partir de un esquema cerrado de financiamiento
parcial, generar las divisas necesarias que cubran sus gastos y
aporten a la economía.
Coincidiendo con la necesidad de perfeccionar la estructura
gubernamental y establecer claros límites entre las funciones
estatales de las empresariales, en correspondencia con los
lineamientos aprobados por el Sexto Congreso del Partido, se decidió
entonces la extinción del MINAZ. En su lugar, se dispuso la creación
de una Organización Superior de Dirección Empresarial (OSDE)
denominada Grupo Azucarero; labor que durante más de dos años se
realizó en estrecha colaboración con varios organismos de la
Administración Central del Estado (OACE).
REGULAR O PRODUCIR, ESA ES LA DECISIÓN
En el capítulo de Política Agroindustrial aprobado por el Sexto
Congreso del Partido, hay varios lineamientos referidos a la
agroindustria azucarera; entre ellos el 209, donde se establece como
su objetivo primario, "incrementar de forma sostenida la producción
de caña" o el 211, que orienta "lograr ingresos en divisas que
permitan financiar los gastos totales de operación, más el valor de
las inversiones y las reparaciones que se ejecuten, y realizar un
aporte neto para el país".
Sin embargo, a modo general, les antecede uno referido a la
necesidad de delimitar las funciones estatales y las empresariales
en el marco de la actividad agroindustrial (Lineamiento 178).
Al cumplimiento de todos ellos van dirigidos los cambios en el
sector que actualmente se anuncian.
Por ello, al valorar las causas de los problemas en la rama
azucarera, se concluyó que en la actualidad el MINAZ prácticamente
no ejercía funciones reguladoras, orientadoras de política, sino que
se concentraba en la gestión empresarial de las entidades a su
cargo. Siendo así, no tenía sentido que se mantuviera como un
Organismo de la Administración Central del Estado.
Lo que en adelante será conocido como Grupo Azucarero, únicamente
desarrollará funciones empresariales (como en esencia venía haciendo
hasta ahora el Ministerio, pero atiborrado de estructuras
innecesarias).
Las funciones generales, de producción y servicios no
relacionados con la caña y sus derivados que por ley hasta ahora
permanecían a su cargo, pasan a otros Organismos de la
Administración Central del Estado.
Así, con la entrada en vigor del Decreto-Ley 287 que dispone la
extinción del MINAZ, se traspasa esencialmente al Ministerio de la
Agricultura (MINAG) lo concerniente al control, protección y
desarrollo del fondo de tierra destinado fundamentalmente a la
producción cañera, así como la aplicación de lo normado en cuanto a
sanidad vegetal en este cultivo, y lo referido a la protección y
enfrentamiento de plagas y otras enfermedades.
También el MINAG, en coordinación con el CITMA y demás organismos
competentes, aplicará la política existente para la utilización de
los recursos fitogenéticos y de semilla de la caña; así como
orientará y verificará que se aplique lo dispuesto por el Estado en
la distribución de las producciones agropecuarias del sector
cooperativo y privado.
De igual forma, el Ministerio de Economía y Planificación (MEP)
queda responsabilizado con la distribución del encargo estatal para
las producciones de caña, azúcares y derivados.
Bajo la dirección y control del Ministerio del Comercio Exterior
y la Inversión Extranjera quedan la política y estrategia de
comercialización en mercados externos de estas producciones; así
como lo referido al control de las inversiones de capital
extranjero. Asimismo, otras funciones que ejecutaba el MINAZ, aun
sin estar relacionadas directamente con la producción agroazucarera,
se trasladan a los organismos que les corresponde por su ámbito de
competencia.
Por ejemplo, el ferrocarril cañero se integra al sistema
empresarial del Ministerio de Transporte, como órgano rector de esta
actividad en el país, y la producción de materiales y brigadas
constructoras se transfieren a los de los gobiernos locales y el
Ministerio de la Construcción.
Así, también, lo relacionado con el servicio de electricidad en
los bateyes va siendo asumido por la Industria Básica; los sistemas
de acueductos y alcantarillados se traspasan al Instituto Nacional
de Recursos Hidráulicos; la telefonía al Ministerio de las
Comunicaciones; el sistema de aulas, medios y profesores al
Ministerio de Educación (MINED) y al Ministerio de Educación
Superior (MES); y se trabaja actualmente para pasar los servicios de
ambulancia y farmacia a Salud Pública.
Ubicar estas actividades donde les corresponde no solo permite
que la atención del actual Grupo empresarial se centre en su función
fundamental, la concerniente a las producciones de la agroindustria
azucarera; también posibilita que sobre el costo del azúcar y sus
derivados no pesen los gastos por estos servicios, indicaron a
Granma autoridades del sector.
Las funciones específicas de la nueva estructura, por otra parte,
quedan definidas en el Decreto 294 del Consejo de Ministros,
mediante el cual se crea el Grupo Azucarero como Organización
Superior de Dirección Empresarial, subordinada al Consejo de
Ministros, órgano que designa a su Presidente.
En primer lugar, el Grupo Azucarero debe orientar, dirigir y
controlar la producción agrícola cañera y agropecuaria de las
entidades que se le subordinan y proyectar su desarrollo,
priorizando el balance de áreas y el acercamiento a los centrales,
la producción de semillas, la composición de cepas de caña y su
manejo científico, el incremento de los niveles de riego y los
suministros oportunos.
Además, se ocupará de la producción de azúcares y derivados en la
agroindustria, rescatando la disciplina tecnológica y su calidad
exportable.
El Grupo empresarial velará por las diferentes actividades de
mecanización en este sector, y el desarrollo de nuevas tecnologías
en equipos e implementos que optimicen el rendimiento, así como de
los servicios que formen parte del sistema de apoyo a estas
producciones (industriales, agrotécnicos, de automatización e
informáticos).
Dirigirá además la política económica y financiera aprobada para
esta agroindustria —encaminada a estimular prioritariamente la
producción cañero-azucarera—, y la relacionada con su modernización,
en el interés de disminuir costos y aumentar la calidad de las
producciones.
Distribuirá los bienes y servicios vinculados con la caña,
azúcares y derivados en interés del pedido estatal, y orientará las
interrelaciones de las entidades subordinadas con los productores
asociados (CPA, UBPC, CCS y otros).
Participará en la distribución de los recursos derivados del
presupuesto y velará por su ejecución. Asimismo, el Grupo resolverá
las discrepancias que en el orden de las relaciones contractuales
puedan surgir entre las empresas que lo conforman.
REACOMODO NECESARIO
Con un total de 178 entidades —integradas en lo fundamental por
un ministerio, 18 grupos empresariales, 151 empresas y tres unidades
presupuestadas— la estructura que hasta el momento tenía el MINAZ
resultaba insostenible.
Las propias variaciones de los precios y calidad del azúcar a
escala global, junto a la dinámica e impacto de los cambios en torno
a los sistemas empresariales, obligaron a rediseñar dicha
estructura. Según datos suministrados a Granma por
autoridades del sector, a finales del 2009, alrededor del 30 % de
sus unidades eran ineficientes.
Entre las reformas de mayor urgencia se valoró la
reestructuración inmediata del modo en que se encontraba organizada
la base productiva respecto a las unidades de mayor eficiencia; de
ahí que de las 932 existentes en el 2010, al culminar el primer
semestre del año en curso cerraron balance con vista a mantenerse
814.
También, en la zafra 2010-2011, se aprobó un incremento del
precio de acopio de la caña relacionado con el del azúcar en el
mercado internacional. Primeramente subió de 50.90 pesos por
tonelada a 95, tomando como base un valor para la libra de azúcar en
el mercado externo que en cifras equivalentes no superara los 20
centavos de dólar. Luego, al concluir la zafra, y venderse el azúcar
a un precio superior, se terminó pagando la tonelada de caña a 104
pesos.
Lo anterior se relaciona con el Lineamiento 210 aprobado por el
Sexto Congreso del Partido, el cual estipula que "en la formación de
los precios de compra de la caña a los productores se deberá tener
en cuenta el comportamiento del precio del azúcar en el mercado
internacional, logrando además que resulte estimulante con relación
al resto de los cultivos, para asegurar el incremento de la
producción cañera y el aumento de los ingresos de los trabajadores
vinculados con esta actividad".
Posteriormente, se renegociaron las deudas acumuladas por los
productores y las entidades estatales, monto a pagar en un plazo de
20 años a partir de un impuesto del 5 % sobre las ventas de caña y
la comercialización de azúcar liberada.
Otro cambio sustancial aprobado fue el relacionado con la
concentración de los centrales azucareros, los cuales quedan
reagrupados en 13 empresas provinciales —con la consiguiente
extinción de igual número de grupos empresariales— y 12 empresas de
servicios técnicos a ese mismo nivel.
Se requirió, además, reducir el número de centrales existentes,
en función de distribuir de manera más racional los recursos
destinados a la zafra. Este hecho ha llevado a mantener activos 56
centrales.
Se paralizan Cuba Libre, Abraham Lincoln, Cándido González, Chile
y Manuel Támez, que ya prácticamente no producían. Aquellos que
permanecen activos son los de mejores condiciones y tienen reservas
industriales para procesar más caña de la que se dispone.
Los que se mantienen, funcionarán como unidades empresariales de
base (UEB) de las empresas provinciales conformadas como resultado
de la reestructuración. Las UEB, creadas con el propósito de
organizar los procesos de producción de bienes y servicios, no
cuentan con personalidad jurídica propia, pero actúan con
independencia relativa, al tener autonomía controlada en su gestión
económica corriente.
Una cuestión vital en este reordenamiento la constituye la
descentralización, como vía para aligerar estructuras y eliminar
trámites burocráticos que más que aportar, obstaculizaban. Además de
la racionalización de los recursos, esta medida permite acortar las
distancias administrativas y facilitar las gestiones de dirección.
La nueva estructura, asimismo, permitirá afianzar la responsabilidad
contractual entre empresarios.
En lo productivo, posibilitará una mejor organización, reducirá
costos y, sobre todo, potenciará la productividad; lo cual llevará a
generar el monto de divisas necesario para el autofinanciamiento de
la industria y la contribución a la economía del país.
En lo concerniente a la actividad de apoyo, se decidió fusionar
los 5 grupos empresariales que contenían 56 empresas subordinadas,
los cuales se convirtieron en 4 entidades destinadas a la prestación
de servicios.
¿Cómo queda finalmente conformada la nueva organización
empresarial?
De las 178 unidades que existían en el sistema azucarero
—incluido el propio ministerio—, el Grupo queda constituido por las
siguientes 26 entidades:
· 1 Grupo empresarial,
· 22 empresas, de ellas: 13 azucareras distribuidas en todas
las provincias del país, excepto en Pinar del Río y La Habana, y 9
entre las de apoyo y servicios,
· 3 unidades presupuestadas, integradas por 2 institutos de
investigación y 1 centro de capacitación. Estos son: el Instituto
Nacional de Investigaciones de la Caña de Azúcar (INICA), el
Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de
Azúcar (ICIDCA) y el Centro Nacional de Capacitación Azucarera (CNCA).
En estas, según declaraciones a nuestro diario de los funcionarios
del Grupo Azucarero, también se buscaría un modo para lograr su
autofinanciamiento en el futuro.
Si bien en los últimos años ha existido un decrecimiento en la
producción de azúcar y se han constatado determinadas deficiencias,
a esta agroindustria no se le resta importancia en el entorno de la
economía nacional. Para asegurar su desarrollo futuro, se
reestructura y revitaliza.
Para ello, el país sabe que cuenta con los trabajadores del
sector, quienes durante varias décadas han aportado beneficios
incalculables a la economía nacional y, además, a nuestras luchas e
idiosincrasia.
FORTALECER LA BASE PRODUCTIVA
La Tarea Álvaro Reynoso, que comenzó oficialmente en abril del
2002, también persiguió incrementar la eficiencia en el sector
azucarero por la vía del reordenamiento de sus estructuras. Teniendo
en cuenta que muchos de sus objetivos no están cumplidos en la
actualidad —como promediar nacionalmente un 12 % en el rendimiento
industrial y lograr 53 toneladas de caña por hectárea—, se decidió
un nuevo reordenamiento de la agroindustria azucarera, llevarla a
una etapa de desarrollo superior y dotarla de características
económicas, técnicas y productivas más idóneas para enfrentar con
éxito las demandas de un mercado cada vez más competitivo.
A consecuencia de ello hoy, cuando el sector aligera las
estructuras de la agroindustria y conforma un fuerte sistema
empresarial, la Revolución garantiza no dejar desamparado a ningún
trabajador.
¿Cómo asegurar el proceso de lograr más con menos?
Es conocido que la producción azucarera constituye uno de los
pilares básicos de las exportaciones del país y de su seguridad
alimentaria. Corresponde a partir de ahora a su Organización
Superior de Dirección Empresarial solucionar el punto crítico
principal: el decrecimiento cañero, afectado por el clima y otros
eventos naturales, pero también por manejos desacertados.
Aunque parcialmente hay signos de cierta mejoría, no hay duda de
que con los recursos y medios disponibles puede lograrse mucho más.
Para ello se aprobó la reducción del aparato administrativo que,
por lo general, rebasaba las necesidades y hacía más costosa e
inoperante la gestión. En diciembre del 2010 se inició el proceso de
reordenamiento laboral —que aún no ha concluido— y como parte del
cual el 45 % de los trabajadores implicados ya se reubicaron. Este
proceso ha sido ampliamente discutido y colegiado con la base y el
Sindicato Nacional de Trabajadores Azucareros, aseguró a Granma
Lourdes Castellanos, autoridad del sector.
En este sentido, se tiene en cuenta lo expuesto por el General de
Ejército Raúl Castro en la reunión del Consejo de Ministros del
pasado septiembre, donde dijo que no podía olvidarse que el sector
azucarero aglutina a una de las fuerzas obreras más revolucionarias
que tuvo el país en el capitalismo. Y ya que como tal siguen
destacándose, el tratamiento que se les dé en medio de este
reordenamiento debe caracterizarse por su justeza y protección.
A los trabajadores implicados en el redimensionamiento de la
agroindustria azucarera, se les aplica la política vigente en el
país en esta materia, recogida en la Resolución número 35 del 2010,
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en cuya esencia se
ratifica el no dejar a nadie desamparado.
A estos trabajadores se les ofrecen propuestas de reubicación y
en el caso de no conseguir este objetivo inmediatamente, se les paga
la garantía salarial prevista en estos casos.
Como resultado de tales acciones, la reubicación de cuadros,
especialistas y personal técnico experimentado, hará posible
aprovechar mejor la preparación y calificación de quienes hasta
ahora dedicaban su tiempo a tareas fragmentadas o de menor utilidad.
Incluso otros sectores, con carencias de ese tipo de fuerza, serán
beneficiados al recibir parte de ella.
Sobre este punto se coincide en la importancia de contar con una
eficiente gestión de los recursos humanos, que originen un alto
nivel de motivación y sentido de pertenencia, y en propiciar una
satisfacción creciente de las necesidades sociales, materiales,
profesionales y espirituales de los trabajadores y sus familias.
Esto fortalecerá a las Empresas Azucareras y a los centrales
constituidos en Unidades Empresariales Básicas. También, la
optimización de los recursos humanos propiciará una mejor atención a
los productores agropecuarios por parte de los cuadros procedentes
de las estructuras intermedias.
La medida, además, contribuirá a la disminución del personal
indirecto e impactará positivamente en los índices de productividad.
Entre las ventajas cualitativas aparecen: lograr el compromiso
mayor con la producción fundamental, elevar la atención técnica y
especializada a las unidades, darles un uso más racional a equipos y
maquinarias, concentrarse en los rendimientos cañeros y acercar la
dirección a la base productiva.
La nueva estructura reduce la plantilla, y por consiguiente, el
gasto de salario total y los generales de administración. Su
"consecuencia" más palpable estará relacionada con la obtención de
utilidades.
A partir de ejecutarse esta propuesta, el Estado dejará de
financiar la estructura de dirección del Ministerio, y la proyección
de gastos de la nueva organización será asumida por los aportes que
realicen las empresas que la integran. Con esta propuesta se
proyecta lograr para el próximo año utilidades por alrededor de 120
millones de pesos y reducir los gastos de administración en un 55 %.
Empeños como este requieren de un sistemático programa de
revisión para evaluar sus resultados. Por eso, al terminar la zafra
del 2012, ahora en fase de preparación estos serán examinados.
Según establece el Decreto 294 en sus disposiciones finales, en
septiembre del 2012 el Ministerio de Economía y Planificación
informará a instancias gubernamentales los resultados de su
implementación; así como los titulares de los ministerios que
recibieron funciones del extinto MINAZ notificarán sobre el
cumplimiento de estas. El Presidente del Grupo, por su parte,
ofrecerá detalles sobre la marcha de la experiencia. Será el botón
de muestra para saber cómo andan las cosas.
ASEGURAMIENTOS PARA LA ZAFRA
Las transformaciones en la agroindustria azucarera se han
acompañado de un sistemático trabajo para iniciar en óptimas
condiciones la próxima zafra. Hasta el cierre de octubre, se había
recibido el 98 % de los suministros de importación y el 2 % restante
arribará al país antes de que culmine noviembre, informaron fuentes
del sector.
En cuanto a los procedentes de la producción nacional —más
complejos porque requieren de la importación de insumos—, está listo
el 96 %. Cuatro empresas del SIME (las fábricas 26 de Julio, la de
Discos y Cuchillas, y la LX Aniversario de la Revolución de Octubre,
así como la Empresa AUTOPARTE) trabajan sostenidamente para concluir
sus compromisos en noviembre; aquellas que no comprometen el inicio
de la zafra, terminarán en diciembre.
Se ha podido comprobar que los suministros básicos de la
maquinaria y el transporte —neumáticos y baterías— se encuentran en
su totalidad en los almacenes provinciales, algo que no se había
podido lograr en muchos años.
Una mirada hacia el futuro prevé que, en octubre del 2012, pueda
quedar actualizada la proyección de desarrollo en el sector
azucarero hasta el 2020.
El fin perseguido con el actual paso, cualitativamente superior,
será el de convertir los contratiempos en desafíos y estos en
eficacia; lo cual se traducirá en mayores aportes a la producción
nacional. |