La presidenta Dilma Rousseff expresó este viernes su orgullo por sancionar las leyes que crea la Comisión Nacional de la Verdad y la de Acceso a Informaciones Públicas, fundamentales para conocer la historia de Brasil.

Resulta fundamental conocer el pasado, sobre todo el más reciente cuando muchos brasileños fueron presos, torturados y muertos, aseguró la mandataria tras sancionar esas leyes, en ceremonia efectuada en el Palacio de Planalto, reporta Prensa Latina.

La Comisión Nacional de la Verdad tendrá como objetivo investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas en el país entre 1946 y 1988, período que incluye la etapa de la dictadura militar (1964-1985), pero no busca enjuiciar y penalizar a los autores de esos crímenes.

Por su lado, la Ley de Acceso a Informaciones Públicas acaba con el secreto eterno de documentos públicos y establece plazo máximo de 50 años para los datos clasificados por el gobierno como ultraconfidenciales.

En su discurso ante la cúpula militar en pleno, exreprimidos por la dictadura castrense, familiares de asesinados por ese régimen, funcionarios del gobierno y diplomáticos acreditados en Brasil, Rousseff aseveró que "me enorgullece sancionar esas dos leyes que tratan de asuntos distintos, pero están conectadas".

Representan, prosiguió, un paso decisivo en la consolidación de la democracia brasileña.

Ningún acto o documento contra los derechos humanos podrá ser colocado en secreto bajo pretexto alguno, el cual nunca más ofrecerá refugio al irrespeto a las libertades indivuales en Brasil, precisó Rousseff, una de los miles de habitantes de este país apresados y torturados por el régimen militar.

La presidenta tiene además la responsabilidad de nombrar a los siete integrantes de la Comisión Nacional de la Verdad, quienes dispondrán de dos años para elaborar un informe sobre los crímenes cometidos en Brasil entre 1946 y 1988.

Presentado durante el gobierno del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), el texto sufrió algunas modificaciones en el Legislativo para garantizar la no revisión de la Ley de Amnistía y con eso, la impunidad de los autores de crímenes durante la dictadura militar.

La Ley de Acceso a Informaciones Públicas, establece además la creación de una comisión con miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, quienes serán los responsables de clasificar los documentos.