La presidenta Dilma Rousseff sancionará este viernes las leyes
que crean la Comisión Nacional de la Verdad y la de Acceso a
Informaciones Públicas, destinadas a revelar sucesos de la historia
de Brasil hasta ahora ocultos.
La Comisión Nacional de la Verdad tendrá como objetivo investigar
las violaciones de los derechos humanos en el país entre 1946 y
1988, período que incluye la etapa de la dictadura militar
(1964-1985), aunque no busca enjuiciar y penalizar a los autores de
esos crímenes, reporta Prensa Latina.
Además de sancionar el proyecto legal, que fue aprobado en el
Congreso Nacional el 26 de octubre pasado, Rousseff -uno de los
miles de brasileños apresados y torturados por el régimen militar-,
tendrá la responsabilidad de nombrar a los siete integrantes de ese
grupo.
La Comisión dispondrá de dos años para elaborar un informe sobre
los crímenes cometidos entre 1946 y 1988 y para ello podrá requisar
documentos de órganos públicos, incluidos los protegidos, convocar
testigos, realizar audiencias públicas y solicitar pericias.
Presentado durante el gobierno del expresidente Luiz Inácio Lula
da Silva (2003-2010), el texto sufrió algunas modificaciones en el
legislativo para garantizar la no revisión de la Ley de Amnistía y
con eso, la impunidad de los autores de crímenes durante la
dictadura militar.
Entonces, la Comisión de la Verdad investigará delitos como
torturas, asesinatos, desapaririones forzadas y ocultación de
cadáveres, perdonados por la ya mencionada Ley de la Amnistía,
aprobada en 1979 bajo el régimen militar.
La mandataria sancionará además la Ley de Acceso a Informaciones
Públicas, la cual acaba con el secreto eterno de documentos públicos
y establece plazo máximo de 50 años para los datos clasificados por
el gobierno como ultraconfidenciales.
Esa propuesta legal también fue enviada al Congreso Nacional
durante el gobierno Lula y su texto permite además la creación de
una comisión con miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, quienes serán los responsables de clasificar los
documentos.
Estos tendrán tres categorías: reservado (cinco años), secreto
(10 años) y ultrasecreto (25 años). La confidencialidad de estos
últimos solo podrá ser prorrogada una vez por el mismo período de
tiempo, el cual comienza a contar a partir del día en que se
elaboró.