Actualizado 12:05 p.m. hora local

Presidenta brasileña sanciona ley sobre Comisión de la Verdad

La presidenta Dilma Rousseff sancionará este viernes las leyes que crean la Comisión Nacional de la Verdad y la de Acceso a Informaciones Públicas, destinadas a revelar sucesos de la historia de Brasil hasta ahora ocultos.

La Comisión Nacional de la Verdad tendrá como objetivo investigar las violaciones de los derechos humanos en el país entre 1946 y 1988, período que incluye la etapa de la dictadura militar (1964-1985), aunque no busca enjuiciar y penalizar a los autores de esos crímenes, reporta Prensa Latina.

Además de sancionar el proyecto legal, que fue aprobado en el Congreso Nacional el 26 de octubre pasado, Rousseff -uno de los miles de brasileños apresados y torturados por el régimen militar-, tendrá la responsabilidad de nombrar a los siete integrantes de ese grupo.

La Comisión dispondrá de dos años para elaborar un informe sobre los crímenes cometidos entre 1946 y 1988 y para ello podrá requisar documentos de órganos públicos, incluidos los protegidos, convocar testigos, realizar audiencias públicas y solicitar pericias.

Presentado durante el gobierno del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), el texto sufrió algunas modificaciones en el legislativo para garantizar la no revisión de la Ley de Amnistía y con eso, la impunidad de los autores de crímenes durante la dictadura militar.

Entonces, la Comisión de la Verdad investigará delitos como torturas, asesinatos, desapaririones forzadas y ocultación de cadáveres, perdonados por la ya mencionada Ley de la Amnistía, aprobada en 1979 bajo el régimen militar.

La mandataria sancionará además la Ley de Acceso a Informaciones Públicas, la cual acaba con el secreto eterno de documentos públicos y establece plazo máximo de 50 años para los datos clasificados por el gobierno como ultraconfidenciales.

Esa propuesta legal también fue enviada al Congreso Nacional durante el gobierno Lula y su texto permite además la creación de una comisión con miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, quienes serán los responsables de clasificar los documentos.

Estos tendrán tres categorías: reservado (cinco años), secreto (10 años) y ultrasecreto (25 años). La confidencialidad de estos últimos solo podrá ser prorrogada una vez por el mismo período de tiempo, el cual comienza a contar a partir del día en que se elaboró.

 

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