En solemne ceremonia, las nuevas 56 autoridades judiciales de
Bolivia recibirán mañana sus credenciales, precisó este miércoles el
Tribunal Supremo Electoral (TSE).
De acuerdo con el vocal, Ramiro Paredes, la velada será en el
Banco Central de Bolivia y con ella cierra un importante ciclo que
permitirá a los magistrados ejercer a partir del 3 de enero de 2012,
en Sucre(Chuquisaca) , reporta Prensa Latina.
En la entrega del documento, dijo, participarán representantes
del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa Plurinacional, líderes de
organizaciones sociales y representantes de organismos
internacionales y del cuerpo diplomático.
El pasado 16 de octubre, poco más de cinco millones de bolivianos
asistieron a las urnas para decidir los miembros titulares y
suplentes de los Tribunales Constitucional, Supremo de Justicia y
Agroambiental; así como del Consejo de la Magistratura.
Para Paredes esa consulta, sin precedentes en la historia
nacional, permitirá una administración de justicia más transparente
y la respuesta a 470 mil procesos pendientes.
Asimismo destacó la presencia de mujeres en los futuros
tribunales de justicia del país suramericano.
De acuerdo con los resultados finales del TSE, la candidata con
mayor votación fue Cristina Mamani (Consejo de la Magistratura) con
461 mil 415 votos, con apoyo incluso por encima de algunos
excandidatos presidenciales y diputados.
Completan los tres más votados Gualberto Cusi (Tribunal
Constitucional), con 276 mil 37 votos y Bernardo Huarachi (Tribunal
Agroambiental), quien obtuvo 292 mil 740.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor
Arce, explicó que la reciente presentación del proyecto de ley del
Ministerio Público rediseña una institución constitucional
fundamental que tendrá autonomía e independencia.
Explicó que el texto se basa en cuatro pilares fundamentales que
dan solución a problemas que aquejan a esa cartera ministerial y a
los litigantes.
Arce explicó que un primer pilar de la propuesta se basa en
procesos disciplinarios, para garantizar responsabilidad y
transparencia en el trabajo de los fiscales, así como un sistema de
capacitación, al que paralelamente se creará un procedimiento de
evaluación permanente.
En segundo lugar, explicó, se establece un mecanismo que dará más
celeridad y responsabilidad en la investigación y los procesos que
llevan adelante los fiscales, que deberán ser más rápidos y
expeditos en su tratamiento y desarrollo.
Un tercer elemento garantiza, a través de una serie de
instrumentos de la Constitución Política del Estado, un trato humano
y digno a las personas que requieren asistencia o interactúan con el
ministerio Público, con mecanismos especiales para la protección a
las víctimas de los delitos.
El cuarto eje se refiere al aspecto económico que solucionará la
falta de condiciones para que los defensores de la sociedad realicen
su trabajo, establecido de acuerdo al Presupuesto General del
Estado.