Actualizado 11:00 a.m. hora local

Reciben credenciales nuevas autoridades judiciales bolivianas

En solemne ceremonia, las nuevas 56 autoridades judiciales de Bolivia recibirán mañana sus credenciales, precisó este miércoles el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

De acuerdo con el vocal, Ramiro Paredes, la velada será en el Banco Central de Bolivia y con ella cierra un importante ciclo que permitirá a los magistrados ejercer a partir del 3 de enero de 2012, en Sucre(Chuquisaca) , reporta Prensa Latina.

En la entrega del documento, dijo, participarán representantes del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa Plurinacional, líderes de organizaciones sociales y representantes de organismos internacionales y del cuerpo diplomático.

El pasado 16 de octubre, poco más de cinco millones de bolivianos asistieron a las urnas para decidir los miembros titulares y suplentes de los Tribunales Constitucional, Supremo de Justicia y Agroambiental; así como del Consejo de la Magistratura.

Para Paredes esa consulta, sin precedentes en la historia nacional, permitirá una administración de justicia más transparente y la respuesta a 470 mil procesos pendientes.

Asimismo destacó la presencia de mujeres en los futuros tribunales de justicia del país suramericano.

De acuerdo con los resultados finales del TSE, la candidata con mayor votación fue Cristina Mamani (Consejo de la Magistratura) con 461 mil 415 votos, con apoyo incluso por encima de algunos excandidatos presidenciales y diputados.

Completan los tres más votados Gualberto Cusi (Tribunal Constitucional), con 276 mil 37 votos y Bernardo Huarachi (Tribunal Agroambiental), quien obtuvo 292 mil 740.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, explicó que la reciente presentación del proyecto de ley del Ministerio Público rediseña una institución constitucional fundamental que tendrá autonomía e independencia.

Explicó que el texto se basa en cuatro pilares fundamentales que dan solución a problemas que aquejan a esa cartera ministerial y a los litigantes.

Arce explicó que un primer pilar de la propuesta se basa en procesos disciplinarios, para garantizar responsabilidad y transparencia en el trabajo de los fiscales, así como un sistema de capacitación, al que paralelamente se creará un procedimiento de evaluación permanente.

En segundo lugar, explicó, se establece un mecanismo que dará más celeridad y responsabilidad en la investigación y los procesos que llevan adelante los fiscales, que deberán ser más rápidos y expeditos en su tratamiento y desarrollo.

Un tercer elemento garantiza, a través de una serie de instrumentos de la Constitución Política del Estado, un trato humano y digno a las personas que requieren asistencia o interactúan con el ministerio Público, con mecanismos especiales para la protección a las víctimas de los delitos.

El cuarto eje se refiere al aspecto económico que solucionará la falta de condiciones para que los defensores de la sociedad realicen su trabajo, establecido de acuerdo al Presupuesto General del Estado.

 

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