WASHINGTON, 15 noviembre.— La mayoría de los neoyorquinos apoya el derecho de los integrantes del movimiento Ocupar Wall Street (OWS) a permanecer en espacios públicos durante las 24 horas, reportó hoy la cadena televisiva CBS News.

Una encuesta de la Universidad de Siena difundida este martes indicó que el 57 por ciento de los consultados consideró que a los manifestantes de OWS debe permitírsele pernoctar en parques durante todo el día.

El 40 por ciento opina, sin embargo, que los llamados indignados carecen de ese derecho, arrojó el sondeo, cuyo universo y fecha de elaboración no fueron divulgados.

Los resultados cambian al recabar las opiniones respecto al mensaje del movimiento y su representatividad, agregó la televisora.

Dos de cada tres encuestados asegura que OWS no constituye el 99 por ciento de la población, tal como ellos afirman, en tanto el 58 por ciento piensa que el movimiento no posee un mensaje claro, indicó la pesquisa.

El movimiento de protestas cívicas conocido como OWS comenzó el 17 de septiembre último frente a la sede del poder financiero en Estados Unidos, a fin de denunciar la inequidades del sistema capitalista, el poder ilimitado de los megabancos y la elevada tasa de desempleo a nivel nacional, actualmente en nueve por ciento.

Desde entonces, centenares de manifestantes han sido detenidos en las más de 70 ciudades del país sumadas a las protestas.

Este martes, cientos de policías arrestaron a al menos 70 personas durante el desalojo del Parque Zuccotti, en el sur de Manhattan, ordenado la víspera por el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, en una medida destinada a realizar la limpieza del lugar, esgrimieron las autoridades.

De acuerdo con el diario The New York Times, la orden sobrevino después que los activistas anunciaron que planeaban cerrar Wall Street el jueves con una protesta, a fin de conmemorar dos meses del inicio del movimiento.

El Gremio Nacional de Abogados consideró ilegal el desalojo de los manifestantes y en una declaración denunciaron que la legislación prohíbe a la ciudad aplicar las normas de uso de los parques a los ciudadanos.