Una comisión de legisladores, autoridades estatales y de la Fiscalía General presentaron hoy al presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García, el proyecto de Ley del Ministerio Público que dará paso a la nueva justicia de Bolivia.

En el acto de presentación de la norma realizado en esta capital participaron los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, René Martínez y Héctor Arce, respectivamente, el Fiscal General del Estado, Mario Uribe, la ministra de Justicia, Nilda Copa y el titular de Gobierno, Wilfredo Chávez, y otras autoridades.

Parte de los cambios del Poder Judicial tienen que ver con las transformaciones del Ministerio Público, que es el órgano encargado por la Constitución de defender la legalidad y la sociedad.

El presidente del Legislativo pidió al titular de la Cámara de Diputados que ese proyecto sea sometido a debate público para que el Colegio de Abogados y la población se pronuncien y enriquezcan el texto.

García solicitó a la presidenta de la Comisión de Justicia Plural, Cecilia Ayllón, que se dé el tiempo y los recursos necesarios para instalar mesas de socialización en todos los departamentos del país.

El titular de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, sostuvo que ese proyecto de Ley, trabajado por más de un año, tiene trascendental importancia para completar una nueva y mejor justicia en Bolivia.

Este proyecto de ley, señaló, rediseña una institución constitucional fundamental, el Ministerio Público, que tendrá autonomía e independencia de todos los demás órganos del Estado.

Explicó que el texto se basa en cuatro pilares fundamentales que dan solución a problemas que aquejan a esa cartera ministerial y a los litigantes.

Arce explicó que un primer pilar de la propuesta se basa en procesos disciplinarios, para garantizar responsabilidad y transparencia en el trabajo de los fiscales, así como un sistema de capacitación, al que paralelamente se creará un procedimiento de evaluación permanente.

En segundo lugar, explicó se establece un mecanismo que dará más celeridad y responsabilidad en la investigación y los procesos que llevan adelante los fiscales, que deberán ser más rápidos y expeditos en su tratamiento y desarrollo.

Un tercer elemento garantiza, a través de una serie de instrumentos de la Constitución Política del Estado, un trato humano y digno a las personas que requieren asistencia o interactúan con el ministerio Público, con mecanismos especiales para la protección a las víctimas de los delitos.

El cuarto pilar se refiere al aspecto económico que solucionará la falta de condiciones para que los defensores de la sociedad realicen su trabajo, establecido de acuerdo al Presupuesto General del Estado.

Por su parte, el Fiscal General manifestó que la nueva norma se elaboró en base al sentir de las organizaciones sociales y profesionales.

Esta Ley tiene por fin fundamental hacer del ministerio Público un órgano eficiente, eficaz, oportuno e institucional, acotó, informó PL.