Gustavo Espinoza M.

El 4 de noviembre se cumplieron cien días de gobierno del presidente Ollanta Humala. Y el día 5, cinco meses de su elección —ocurrida en el mes de junio— y que puso en evidencia la fragilidad del sistema formal imperante en el país desde el inicio de la República. Como se recuerda, en efecto, fue un 5 de junio cuando, ante el espanto de la derecha, las ánforas dieron la victoria al candidato de Gana Perú y confirmaron la derrota del reducto neoliberal esta vez defendido por Keiko Fujimori.

El presidente Humala comparte con la población.

En ese entonces la prédica mafiosa pronosticó una catástrofe nacional: la caída de la Bolsa de Valores, la quiebra de las inversiones, la fuga de capitales, la inflación galopante, la destrucción del aparato productivo, el retorno del terror, y muchas otras calamidades que habrían de caer sobre los hombros de los peruanos que habían tenido "la osadía" de consagrar la victoria de un candidato empeñado en promover el cambio social.

Nada de lo augurado sucedió. El Perú pudo registrar el conjunto de maldiciones que echara contra el pueblo la Mafia envilecida. Pero pudo también darse cuenta de que se trataba simplemente de palabras, de profecías siniestras que carecían de sustento.

Hoy, en efecto, la vida de los peruanos se desarrolla con tranquilidad básica en tanto que la estima ciudadana por el Jefe del Estado —cuyo gobierno enfrenta a una campaña demoledora de los medios adversos— se mantiene por encima del 65 % de adhesion

es. La economía sigue su curso y las expectativas de la reacción se han dado con un palmo de narices sin llamar la atención del mundo.

Al llegar a los cien días de gestión gubernativa, diversos analistas, dirigentes sociales y políticos y distintas personalidades de los más variados ámbitos, han dado sus opiniones. En lo fundamental, ellas coinciden en considerar que el Gobierno se maneja con cautela y ejecutoria responsable, aunque —unos y otros— han registrado insuficiencias de diverso tipo. Curiosamente, tanto la Sociedad Nacional de Industrias —lo más rancio de la oligarquía local— como la Central Sindical más poderosa —la CGTP— han coincidido en su apreciación del momento y han tenido elogios para el rumbo del gobierno en funciones.

¿Qué ha podido unir, esta vez, al agua y al aceite? ¿Alguien podría suponer una suerte de coincidencia básica entre la organización patronal y la estructura histórica de los asalariados? ¿En qué se basa este sorprendente punto de convergencia que coloca al Gobierno, y en particular al Presidente de la República, por encima de la crítica cotidiana?

Hay que reconocer, en primer lugar, que la derecha tiene motivos de contento: nadie le ha cortado el cuello, como ella esperaba que ocurriera al día siguiente de la victoria del humalismo; o más tarde, a poco que asumiera su mandato el presidente hoy en funciones.

Por eso, mientras organiza sus escuadrones de combate y envía a sus áulicos a que ladren contra los funcionarios del Estado en todos los niveles, la derecha suspira, anhelando que se prolongue su tiempo de supervivencia hasta que —finalmente— concluya su gestión este gobierno y las aguas —como ellos dicen— "vuelvan a su nivel". En la otra orilla, los trabajadores no perciben aún en toda su dimensión el complejo cuadro que se perfila en el escenario. Perciben cambios, pero no los juzgan con criterio de futuro, sino como el resultado de acciones puntuales que responden tan solo a los retos de hoy. Ni uno ni otro ven, entonces, una confrontación global en el escenario.

Hay que considerar que el nuevo gobierno tiene aún muy recortada su capacidad operativa. Muchos de los funcionarios de la administración pública fueron tomados por el gobierno de García entre enero y junio de este año, mediante la modalidad de "contrato a plazo fijo". Y esa situación se prolongará hasta el próximo 31 de diciembre, fecha en la que finalmente podrán ser removidos de sus cargos. Igualmente, el Gobierno de García hizo muchas adquisiciones con el propósito de favorecer a sus clientes y allegados. Así, llenó, por ejemplo, los depósitos del arroz que hoy se pudre en los almacenes del Estado sin tener la red elemental de distribución del producto. En dichas adquisiciones, el Gobierno anterior dispuso de numerosas partidas, por lo que dejó exhaustas las arcas públicas en distintas áreas. Con presupuestos agotados, no es mucho lo que se puede hacer en beneficio de la ciudadanía.

De todos modos bien puede decirse que hay cuatro áreas —las principales— en las que se perciben cambios que auguran algo más en la perspectiva. Veamos.

Si los trabajadores de los grandes almacenes Ripley hubieran hecho su huelga demandando el reconocimiento del sindicato, la admisión del Pliego y la dación de aumentos salariales durante el Gobierno de García, simplemente los habrían despedido a todos sin pena ni gloria. Pero la situación es hoy diferente: triunfaron en su lucha, les reconocieron el sindicato, les admitieron el Pliego y debieron otorgarles aumentos salariales.

¿Qué faltó para que la victoria de los trabajadores fuera completa? Que la Vanguardia Obrera hubiera procesado, en horas, la organización sindical de los trabajadores de las otras empresas similares, como Saga Falabella, Tottus, Metro, Wong, Plaza Vea u otras. Lo que ocurrió, sin embargo, confirma la idea de que el trato que el Gobierno da a los trabajadores es esencialmente distinto hoy. Y esa es una primera señal.

Una segunda tiene que ver con los temas de inclusión y de explotación de reservas y recursos. Están en marcha los programas sociales más importantes. Pero, además, el Gobierno incluye a la población en las decisiones referidas a los apremiantes temas de la inversión. Lo ocurrido en Cajamarca con la empresa Yanacocha y su proyecto La Conga refleja eso de cuerpo entero. Se acabaron los tiempos en los que primaba la voracidad de los capitalistas empeñados en apoderarse de las riquezas nacionales de cualquier modo. Ahora, tendrán que someterse a nuevas reglas y, sobre todo, a mecanismos creados para proteger la soberanía nacional y los derechos de las poblaciones.

Pero hay un tercer elemento significativo: la lucha contra la corrupción. Ella ha sido el centro de los discursos presidenciales referidos al tema. Y no ha hecho concesiones aún en el caso en el que las denuncias han tocado a parlamentarios, o incluso, ministros del Gobierno. Diferencia notable, por cierto, con relación a las administraciones anteriores: Fujimori, Toledo y García tuvieron siempre la misma debilidad: amparar y proteger a los ladrones de cuello y corbata, con tal de que les sirvieran. Aunque no se le ha probado realmente nada —salvo soberbia desmedida— Omar Chehade se ha visto en la necesidad de enfrentar virtualmente solo a sus adversarios, que lo han colocado contra la pared con acusaciones variadas.

Y un cuarto elemento clave tiene que ver con la política exterior. Con acierto, la Cancillería ha colocado en el centro de sus preocupaciones su relación integradora con pueblos y países de América Latina, ha hablado sin prejuicios en torno a Venezuela y ha tenido el tino de extender la mano al Gobierno de Cuba, que en tan difíciles circunstancias siempre se solidarizó con los peruanos.