Estudiantes universitarios colombianos confirmaron la convocatoria a una marcha el próximo jueves, ante la negativa de la ministra de Educación, María Fernanda Campo, de retirar del Congreso el proyecto de reforma a la Educación Superior.

Unos 600 mil alumnos, según diversos cálculos, protestaron anoche de manera pacífica contra la propuesta de Ley 112, por considerar que privatizará la educación pública en Colombia.

Besos y abrazos inundaron la plaza Simón Bolívar, en el centro de esta capital, como parte de la iniciativa el besatón, iluminados por el fuego de miles de antorchas y animados por un carnaval nocturno.

A la par, cientos de policías y agentes antimotines rondaron la masiva manifestación, pero muchos de ellos se contagiaron con las expresiones populares de cariño.

Horas antes de la protesta, después de un prolongado debate entre legisladores, líderes estudiantiles, familiares de los alumnos y profesores universitarios, se conoció la posición de la titular de no retirar el proyecto del Congreso.

El represente estudiantil ante el Consejo Académico de la Universidad Nacional, Sergio Fernández, aseguró que la propuesta gubernamental no garantiza que la educación sea un derecho.

Aseveró que el único modo posible es a través de universidades públicas gratuitas y de altísima calidad.

No queremos negociar modificaciones al proyecto ni que resuelvan nuestras dudas. Queremos que lo retiren, remarcaron los estudiantes.

Los jóvenes convocaron ayer a la ministra María Fernanda Campo a una audiencia pública sobre el tema, sin embargo, no asistió, al alegar, según un comunicado del Ministerio, que se reunirá con ellos el próximo 15 de este mes para debatir.

El movimiento estudiantil colombiano rechaza la nueva Ley de Educación Superior y cualquier medida que tenga como propósito abrir paso al lucro y a las transnacionales.

Son blanco del repudio también aquellas disposiciones incluidas en Tratados de Libre Comercio y acuerdos comerciales que Colombia adopte en ésta materia.

El actual proyecto, consideran los manifestantes, atenta contra la financiación de las instituciones, su autonomía, la calidad de la enseñanza y "reduce la educación a una mercancía".

Demandan asimismo, en una propuesta mínima, que el Estado ejerza la función de inspección, vigilancia y control sobre los montos de las matrículas en universidades.

También, entre otros puntos, exigen calidad de la enseñanza, fortalecimiento de la autonomía universitaria y relación universidad-sociedad.

El proyecto de reforma a la ley de educación superior (Ley 30 de 1992) sigue su trámite en el Congreso. Para el próximo martes está previsto el inicio del debate en la Comisión Sexta de la Cámara.