Intereses políticos y empresariales se esconden detrás de una marcha indígena en protesta por una vía interdepartamental que hoy avanza hacia la ciudad de La Paz, sede del gobierno boliviano, tras poco más de 50 días de caminata.

De acuerdo con el vicepresidente del país suramericano, Álvaro García, la campaña para desacreditar al Ejecutivo asociada a esta protesta también está relacionada con planes desestabilizadores desde el exterior.

Para García, la oposición a ese camino entre las localidades de Villa Tunari (Cochabamba) y San Ignacio de Moxos (Beni) está dirigida además a impedir la integración nacional y el acceso de todos los bolivianos a sus derechos a la educación, salud y comercialización de sus productos.

Subrayó que el Gobierno considera la construcción para unir el occidente con el oriente como necesaria para el desarrollo regional y nacional.

Desde el pasado 15 de agosto la marcha de pueblos indígenas del oriente transita hacia La Paz para exigir la suspensión de la carretera que debe atravesar el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y que podría afectar la biodiversidad.

El Ejecutivo advierte que el Tipnis alberga a 1,2 millones de hectáreas, de las que solamente serían afectadas 300 con la construcción del tramo II de la vía.

Para el Gobierno, más allá del rechazo por supuestos daños al medioambiente, detrás de la movilización se esconden intereses políticos y vínculos con Organizaciones No Gubernamentales y la embajada de Estados Unidos en La Paz.

El presidente Evo Morales decidió abrir un debate nacional sobre el tema que concluya en un referendo sobre continuar o suspender la construcción de la carretera.

Palacio Quemado centra esperanzas de que la protesta de los originarios de tierras bajas no afecten los comicios al Poder Judicial, previstos el próximo 16 de octubre, y espera que la marcha continúe de manera pacífica y sin violencias.