Organizaciones bolivianas integrantes del Pacto de Unidad ratificaron una marcha el próximo 12 de octubre, en respaldo al proceso de cambio que lidera el presidente Evo Morales desde enero de 2006, informó Prensa Latina.

Según el director de la Federación Departamental de Comunidades Interculturales de La Paz, Ever Choquehuanca, la decisión surgió luego de la reunión de evaluación de la actual coyuntura junto a Morales y al vicepresidente Álvaro García.

El Pacto de Unidad está compuesto por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia.

También integran esa alianza la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia-Bartolina Sisa.

Por su parte, el presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, Mauro Peña, agregó que sectores sociales del departamento anunciaron una serie de movilizaciones en apoyo al Gobierno.

Las organizaciones, dijo, están preocupadas por los impactos de una caminata de indígenas de tierras bajas que partió el pasado 15 de agosto de Trinidad en rechazo a una vía que deberá unir a Cochabamba y Santa Cruz pero con tintes políticos.

Para muchos sectores, dijo, la protesta está dirigida además a boicotear las elecciones judiciales del próximo 16 de octubre.

Al respecto, también el director de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Fronteras, Juan Ramón Quintana, denunció que los medios de comunicación atacaron al Gobierno y callaron la afrenta contra la democracia y los afanes para derrocar a Morales.

En su opinión, esos hechos deben constituirse en la punta del ovillo para la investigación que realizará la comisión especial de alto nivel sobre los hechos del domingo 25 de septiembre.

Ese día se produjo la intervención policial para trasladar a los marchistas indígenas del oriente a San Borja o Rurrenabaque, con el fin de impedir enfrentamientos entre éstos y un grupo de colonizadores.

Quintana señaló que la prueba está en las afirmaciones del exviceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, cuando dijo textualmente: Vamos a tumbar a Evo.

De su parte, Felipa Huanca, dirigente de las mujeres campesinas, apostó por el diálogo transparente y sincero como el mejor camino para la construcción de una nueva Bolivia.

Mientras el vicepresidente García adelantó que el Ejecutivo entregará los informes con los que cuenta sobre el conflicto a la comisión investigadora de alto nivel.

Garcia aseveró que el Gobierno ha sido el primero en reprochar y condenar como imperdonable el abuso cometido en contra de los marchistas por parte de efectivos policiales y ha asegurado el inicio de una investigación.

Informó que para la conformación de esa Comisión han sido invitados representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), además de la Defensoría del Pueblo y de organismos humanitarios nacionales.

García sostuvo que lo que se busca es que, a la conclusión de esa investigación, que debe llevarse adelante de la forma más exhaustiva posible, puedan establecerse las sanciones a la brutalidad ejercida contra los marchistas.