El tema de la prometida reforma migratoria por el presidente
Barack Obama signó esta semana en Estados Unidos, donde 11 millones
de inmigrantes permanecen indocumentados.
Obama culpó este 28 de septiembre a los republicanos de carecer
de liderazgo para enfrentar un cambio integral de las leyes
migratorias, señaló Prensa Latina.
Durante un intercambio vía internet con hispanos desde la Casa
Blanca, el mandatario aseguró que la reforma es aún una "importante
prioridad" para su Gobierno, pero es el Congreso quien debe actuar y
allí.
Admitió sentirse frustrado e indicó que existe una percepción
"imprecisa y dañina" de que como gobernante puede cambiar las normas
migratorias por su cuenta.
En referencia a las políticas impulsadas por el partido opositor
en algunos estados, como la ley SB1070 de Arizona, comentó que la
Unión no puede tener 50 leyes de inmigración, una por cada estado.
Durante su visita al occidental estado de California, a
principios de esta semana, se le exigió al dignatario que juntara
"valentía, corazón y cerebro para poder crear una política
migratoria que sea más justa y que refleje los valores de este
país".
"Hay mucha gente descontenta con Obama, él era supuestamente el
presidente de la esperanza y prometió una reforma que nunca llegó",
declaró a reporteros Verónica Federovsky, de la Red Nacional de
Jornaleros.
La Coalición Pro Derechos del Inmigrante en Los Ángeles estima
que las autoridades estadounidenses deportaron a por lo menos un
millón 400 mil inmigrantes durante los dos primeros años del actual
mandato estadounidense.
De acuerdo con la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas,
para este año fiscal se espera deportar a más de 400 mil personas,
lo cual representaría un 10 por ciento más de lo que hizo el
gobierno de George W. Bush en el 2008.
En este contexto, el sureño estado norteamericano de Alabama
estrenó el jueves último una ley antiinmigrante, considerada la peor
de su tipo aquí, que da luz verde a las escuelas para verificar el
estatuto migratorio de sus estudiantes al matricular.
La legislación HB56, promulgada por el gobernador republicano
Robert Bentley el 9 de junio último, criminaliza la presencia de
trabajadores indocumentados en ese territorio, lo cual despertó la
ira de agricultores locales que ven amenazada la recogida de sus
cosechas.