El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó recientemente "el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza del Gobierno boliviano contra la marcha de unos 1 500 indígenas," que protestaban por la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

En el comunicado "recuerda" a las autoridades la obligación de proteger a toda persona de cualquier forma de violencia y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, incluyendo el de manifestarse libre y pacíficamente.

De esta forma, le sigue el juego a la campaña mediática contra el proceso de cambios liderado por el presidente Evo Morales. El primero en condenar los hechos y pedir perdón a las víctimas en nombre de su Gobierno, aun cuando ha reiterado en varias ocasiones que no dio la orden de reprimir. Un Ejecutivo que llamó al diálogo a los marchistas, cuyas demandas iban más allá del perjuicio de la carretera a la naturaleza, para convertirse en un boicot al Estado boliviano, financiado fundamentalmente por la USAID de Estados Unidos. Incluso, antes de que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en La Paz levantara su dedo selectivo y acusador, ya había sido invitado a formar parte de la comisión que investiga los hechos para establecer responsabilidades.