LA PAZ, 26 septiembre.— El gobierno boliviano explicó hoy que la intervención policial, la víspera, a una marcha indígena que rechaza una interdepartamental fue para evitar más enfrentamientos violentos.

En conferencia de prensa desde Palacio Quemado, el ministro del Interior, Sacha Llorenti, precisó que tras una orden fiscal se decidió detener y conducir en buses a los participantes en la caminata, que partió el 15 de agosto de la ciudad de Trinidad con rumbo a La Paz.

Llorenti recordó que el sábado último los marchistas, sobre todo mujeres, obligaron a avanzar con ellos y romper un cero policial al canciller David Choquehuanca, quien había viajado hasta la localidad de Limoncito para dialogar y escuchar sus demandas.

En esos encuentros, el diplomático intentó sin resultados convencer a los originarios sobre la necesidad de escuchar a los pobladores de Yucumo que en una vigilia esperaban detener la marcha, pero con posibles roces violentos entre los dos grupos de civiles.

Aún así, dijo, los marchistas secuestraron al canciller y lo utilizaron como escudo humano para romper el primer cerco policial.

La víspera, la Policía utilizó agentes químicos, neutralizó la marcha y detuvo a varios de sus participantes con excepción de sus principales dirigentes, entre ellos Adolfo Chávez, líder de la Confederación de Pueblos Indígena del Pueblo Boliviano (Cidob).

Radio Erbol aseguró en ese momento, logró huir al monte Alejandro Almaraz, exviceministro de Tierras y un político arrepentido del proceso de cambio, según el propio Ejecutivo.

Este lunes, en la comunidad de Rurrenabaque (Beni) los indígenas lograron salirse de la escolta policial y tomaron por la fuerza la pista del aeropuerto, para evitar el traslado a sus comunidades.

Llorenti dijo a la prensa que ante la retirada de los efectivos los marchistas se han instalado en la plaza de ese pueblo y aseguran que continuarán con las medidas de presión que respaldan algunas organizaciones sociales en otras regiones del país como Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.

Para el gobierno boliviano, tras la marcha se esconden intereses políticos de sus principales organizadores, respaldados por Organizaciones no Gubernamentales y la embajada de Estados Unidos.