CARACAS, 26 septiembre.— El procurador general de Venezuela, Carlos Escarrá, presentó hoy un recurso contra la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la inhabilitación del opositor Leopoldo López, acusado de corrupción cuando fue alcalde.

Escarrá entregó el texto, denominado Acción Innominada de Control de la Constitucionalidad, ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), encargado de dictaminar si procede o no el levantamiento de la sanción administrativa impuesta al político por irregularidades durante su gestión.

La Contraloría General sancionó a López por mala administración de los bienes públicos cuando se desempeñaba en 1998 como analista del entorno nacional de Petróleos de Venezuela y durante su gestión como alcalde del municipio Chacao, estado Miranda.

Pero el CIDH ordenó levantar la medida, que le prohíbe postularse a cargos públicos.

En nombre del gobierno, la cancillería y la Contraloría General rechazaron el veredicto, al considerarlo injusto, ilegal y tendente a incitar la corrupción.

De acuerdo con Escarrá, se trata de un estudio realizado al dictamen del CIDH que detectó la injerencia por esa Corte en los asuntos internos venezolanos, la cual "viola un principio de inmunidad de respeto de los Estados", la soberanía y autodeterminación nacional.

"El contenido de la Acción está centrado en todos los vicios que contiene la sentencia, incluso vicios a la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos, a la Convención contra la Corrupción y relativos a un falso supuesto de hecho y derecho en el orden constitucional", dijo.

Aunque el funcionario consideró totalmente inconstitucional la ejecución de esa sentencia, manifestó la disposición del Gobierno de respetar la decisión del TSJ al respecto.