Diferentes sectores en Chile criticaron el plan del gobierno denominado Salvemos el año escolar, que obligaría a unos 70 mil estudiantes a repetir el curso.

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica y vocero de la Confederación de Estudiantes de Chile, Giorgio Jackson, rechazó el programa gubernamental y consideró un contrasentido que llame a dialogar y a la vez anuncie que miles de jóvenes perderán el año, reporta Prensa Latina.

Jackson ratificó la convocatoria al paro nacional del próximo jueves en demanda de educación pública y gratuita y remarcó que los actores sociales quieren dialogar, pero sobre la base de garantías mínimas.

Lo único que pedimos fue garantías mínimas sin dobles agendas, subrayó el líder estudiantil en alusión a su reclamo de paralizar los trámites en el Congreso en torno a proyectos de ley sobre el tema educacional mientras transcurriera la mesa de discusión, solicitud desaprobada por el Ejecutivo.

Por su parte el concejal socialista por la comuna de Santiago, Ismael Calderón, indicó que el alcalde de la capital Pablo Zalaquett y el ministro de Educación, Felipe Bulnes, no tienen facultad alguna para decretar la repetición del curso de los alumnos no inscriptos en el programa "Salvemos el año escolar".

Fundamentó al respecto que son las instituciones docentes con sus claustros de profesores las que deben decidir cómo examinar a los estudiantes y cómo actuar con la flexibilidad requerida para evitar que el alumnado sea afectado por mecanismos burocráticos.

En opinión de Calderón, el citado plan sólo busca amedrentar al estudiantado y desmovilizar la protesta social.

Concordó con ese punto de vista el reconocido comentarista local Alejandro Guillier, quien insistió en la idea de que sean los directores de colegios y los profesores quienes estudien y determinen el calendario de exámenes de los educandos.

Esta idea de inscribirse para salvar el año escolar que es a lo que se refiere en esencia el plan del gobierno y que sacrifica a 70 mil jóvenes parece una especie de castigo contra los estudiantes por su participación en marchas, paros y tomas de escuelas, opinó Guillier.