Los profesores de secundaria de más de una decena de regiones autónomas españolas inician hoy la primera de varias jornadas de protesta contra los recortes en educación y en defensa de la enseñanza pública, dio a conocer Prensa Latina.

En la Comunidad de Madrid, gobernada por el conservador Partido Popular (PP), unos 21 mil docentes que imparten clases a 230 mil alumnos fueron convocados a una huelga de dos días, en coincidencia con la inauguración oficial del curso escolar.

Al paro del magisterio madrileño se sumarán, con diversas acciones, los educadores de Galicia, Castilla-La Mancha, Navarra y Cataluña, cuyas administraciones también decretaron un aumento de las horas lectivas para prescindir de maestros interinos.

En el caso de este territorio autonómico, los sindicatos de la enseñanza pública denunciaron que el incremento de 18 a 20 horas lectivas supondrá la pérdida de tres mil empleos y una poda presupuestaria de 80 millones de euros.

Bajo la presión para reducir costos, se les está ordenando a los pedagogos pasar más horas en las aulas, lo cual significa que miles de profesores de apoyo serán despedidos, de acuerdo con las centrales obreras.

Además de repercutir negativamente en la calidad de la enseñanza, los ajustes presupuestarios aplicados por numerosas autonomías, muchas de ellas dirigidas por el PP, rondan los dos mil millones de euros y dejarán sin empleo a unos 15 mil interinos.

Los ánimos se caldearon en las últimas horas, después de que la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, afirmó la víspera que si la educación es obligatoria y gratuita en una fase, a lo mejor no tiene que ser gratuita y obligatoria en todas las demás fases.

España está en un momento delicadísimo, tan delicado y tan difícil que hay que replantearse la gratuidad de algunos servicios públicos, señaló Aguirre.

Sus declaraciones fueron interpretadas por diversos sectores sociales como un anticipo de lo que harán los populares, favoritos en las elecciones generales del 20 de noviembre próximo, si llegan al Palacio de la Moncloa (sede del poder central).

Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Extremadura, Murcia y la ciudad autónoma de Melilla también se adhirieron a las protestas.