El ministro de Economía de Bolivia, Luis Arce, se sumó a las
críticas del Ejecutivo y de organizaciones sociales a una marcha de
indígenas en protesta por la construcción de una vía
interdepartamental, informó Prensa Latina.
Arce explicó que es un exceso añadir a las demandas un recorte de
los recursos destinados al pago de la Renta Dignidad- ayuda
económica mensual que distribuyen entre ancianos- para incrementar
los ingresos que reciben del Impuesto Directo de los Hidrocarburos
(IDH) para el Fondo Indígena.
Señaló que esa decisión es un egoísmo de la Confederación de
Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), que impulsa esa
caminata que partió el pasado 15 de agosto desde la ciudad de
Trinidad (Beni) hacia La Paz.
Actualmente, dijo, los pueblos indígenas, originarios y
campesinos absorben el cinco por ciento de los recursos del IDH, que
en su mayoría son destinados para la ejecución de proyectos
productivos y sociales.
"Con esa medida, de llevar más dinero al Fondo Indígena y
quitarle a la Renta Dignidad, lo que estaríamos haciendo es darle un
duro golpe a los bolivianos mayores de 60 años que están recuperando
su vejez digna", remarcó.
Por su parte, el titular de la Presidencia, Carlos Romero,
denunció que los originarios de tierras bajas exigen que se
paralicen todas las actividades hidrocarburíferas en las áreas
protegidas del país y no solo en el parque Aguarague, como
inicialmente pedían.
Una medida así, afirmó, es como renunciar a todos los ingresos
del Estado por la exportación de energéticos y poner fin a
beneficios que hoy reciben sectores históricamente marginados como
las personas de la tercera edad, las embarazadas y los escolares.
La Cidob se mantiene inflexible en sus posturas y ha incrementado
sus demandas, entre ellas la de realizar una consulta vinculante y
hasta tanto no se de, suspender todas las leyes y proyectos
productivos promulgados anteriormente.
Legisladores como Rina Aguirre, del gubernamental Movimiento al
Socialismo (MAS) han denunciado que la marcha tiene un trasfondo
político y se aprecia injerencia de Organizaciones No
Gubernamentales y de la embajada de Estados Unidos en La Paz.