ATENAS, 14 de septiembre.— Bajo un ambiente de presión internacional y críticas de los ciudadanos, el Ministerio de Finanzas griego anunció hoy una nueva reducción de funcionarios públicos y especificó que el impuesto extraordinario sobre la propiedad inmobiliaria aprobado recientemente, deberá ser abonado incluso por desempleados y discapacitados.

En un comunicado del Ministerio se anunció una nueva ola de despidos en el sector público, en 400 organismos estatales en los que trabajan 50 000 funcionarios, que deben de fusionarse, reducirse o suprimirse, indicó EFE.

Por otra parte, el nuevo impuesto sobre propiedad que se cobrará durante dos años, también deberá ser pagado por los desempleados, que superan los 700 000 en el país.