Convocada por los sindicatos del sector, la manifestación, que
según sus organizadores congregó a unos 50 mil maestros, estudiantes
y padres de alumnos, arrancó en la Plaza de Neptuno bajo el lema La
educación no es gasto, es inversión. No a los recortes.
El punto álgido de la protesta se produjo cuando sus
participantes pasaron por delante de la Consejería de Educación
madrileña, donde demandaron la renuncia de su consejera, Lucía Figar,
y de la presidenta de esta región autonómica, Esperanza Aguirre.
Las asociaciones gremiales anunciaron hace unos días un
calendario de movilizaciones contra la poda presupuestaria en
educación puesta en marcha por los gobiernos de varias autonomías,
en su mayoría gobernadas por el derechista Partido Popular (PP).
Según el magisterio, los recortes rondan los dos mil millones de
euros y dejarán sin empleo a unos 15 mil profesores interinos,
además de repercutir negativamente en la calidad de la enseñanza.
Además de Madrid, las administraciones de Galicia, Navarra,
Castilla-La Mancha y Cataluña ordenaron recientemente un aumento del
tiempo que los docentes dedican a impartir clases dentro de su
jornada laboral de unas 37 horas semanales.
En el caso de esta comunidad, los sindicatos denunciaron que el
incremento de 18 a 20 horas lectivas supondrá la pérdida de tres mil
empleos.
Bajo la presión para reducir costos, se les está ordenando a los
pedagogos pasar más horas en las aulas, lo cual significa que miles
de maestros de apoyo serán despedidos, de acuerdo con las centrales
obreras.
La de este miércoles no es la única protesta prevista en la
capital española, donde hay convocadas, entre otras acciones, dos
jornadas de lucha los días 20 y 21 del presente mes.
A nivel nacional, los sindicatos realizarán el 22 de octubre,
también en Madrid, una marcha destinada a todo el profesorado, que
se pretende sea un acto multitudinario en defensa de la educación
pública.
Organizaciones sociales y políticas acusaron a Aguirre -una de
las principales figuras del PP- de privilegiar el sistema educativo
privado en detrimento del público, con la aplicación de un duro plan
de austeridad para reducir el déficit.